En el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), Nicaragua indicó que respeta el derecho a la libertad de expresión “dado que no existe censura previa, ni restricción alguna a ese derecho. Los periodistas pueden supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración pública” (Comité de Derechos Humanos, 2019, para. 131). No obstante, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que hay una práctica continuada de imposición de restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y acoso contra periodistas y medios de comunicación (Comité de Derechos Humanos, 2019 – Recopilación sobre Nica).

Según el Observatorio de Periodistas de la UNESCO, desde 1993 en Nicaragua tres periodistas han sido asesinados (ninguna mujer). Sin embargo, otras formas de violencia afectan a un mayor número de periodistas. Estas incluyen intimidación, agresión física y verbal, expulsión del país, entre otros (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014). 

Este clima hostil contra periodistas ha sido denunciado constantemente por la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en sus reportes recientes, pero en 2020 las agresiones contra periodistas y medios de comunicación incrementaron, al igual que las acciones intimidatorias, la vigilancia, la apertura de casos judiciales contra periodistas y los discursos estigmatizantes. De hecho, el reporte anual de la RELE indicó que “diversas mujeres periodistas han recibido amenazas a través de redes sociales por parte de personas afines al gobierno nicaragüense” (Vaca Villarreal, 2021, para. 1020). 

Sobre este particular, una investigación realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social en 2019, que incluyó a 323 mujeres, encontró que: 

“el 33.8% sufrió violencia digital de dos a tres veces; el 33.3% más de cinco veces; el 19.9% de cuatro a cinco veces; y solo el 13% una sola vez. Estas agresiones fueron recibidas mayormente por WhatsApp (46.6%), Messenger (42.4%) y llamadas telefónicas (24.2%). Las redes sociales preferentemente usadas para los ataques son Facebook (86%), Twitter (33.1%) e Instagram (9.3%).” (Cuellar & Chaher, 2020, pág. 26)

Este marco generalizado de violencia contra periodistas se intensificó durante la pandemia. El primer caso de Covid-19, en Nicaragua, fue reportado el 18 de marzo de 2020, sin embargo, la desinformación ha prevalecido. En particular, la RELE indicó que: 

“La CIDH y sus Relatorías Especiales han registrado que la información brindada por el gobierno de Nicaragua a lo largo de la pandemia ha sido confusa, inespecífica y poco confiable. Ello, dado que no se utiliza terminología médica, no se establece con claridad las cifras de personas contagiadas, recuperadas y fallecidas, y en algunos casos no se menciona la procedencia de las personas contagiadas” (Vaca Villarreal, 2021, para. 1053).

Esta situación ha fomentado la circulación de noticias falsas e inclusive ha impedido la actuación eficaz de organizaciones internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Es de destacar que tanto periodistas como profesionales de la salud se han visto afectados por la situación, no solo por la falta de información sino también por la persecución derivada de la publicación de reportes no oficiales (Vaca Villarreal, 2021).

Es importante destacar que en 2007 fue aprobada la ley de Acceso a la Información Pública en Nicaragua; no obstante, desde el año 2014 se han reportado diversos problemas para su cumplimiento, incluyendo: negativas para entregar la información y utilización de la clasificación como reservada o confidencial (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014, pág. 135).

El acceso a la información también puede ser garantizado a través de Internet, pero la situación del país es compleja. Existen aproximadamente 2,78 millones de usuarios de Internet, pero más de 3,5 millones de usuarios de redes sociales. Es de destacar que 98,9% de los y las usuarios/as accede a través de dispositivos móviles, y el top 10 de las búsquedas de Google revela que el uso principal es para chequear redes sociales (Facebook, WhatsApp y YouTube, por orden de importancia) no medios de comunicación social (Kemp, Digital 2021: Nicaragua, 2021).

Además de estas situaciones, se debe considerar la concentración de medios como un impedimento para el ejercicio pleno del periodismo en el país. Este fenómeno es común en la región, pero en Nicaragua se intensificó en el periodo de 2007-2014, y tiene un impacto directo en la pluralidad de contenidos y voces, así como también en los niveles de censura y autocensura (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014). Inclusive, el Reporte Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reveló que se utilizan cadenas de medios de comunicación para “intimidar y amenazar a los opositores y a los medios de comunicación y periodistas independientes” (SIP, 2020, pág. 2). 

Finalmente, una particularidad del caso nicaragüense es el exilio de periodistas que han estado involucrados en la investigación de casos de corrupción, crimen organizado, o a representantes del gobierno (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014, pág. 154). De hecho, en la investigación realizada para la elaboración de este reporte, dos participantes indicaron estar exiliados en Costa Rica (un hombre y una mujer). El cuestionario no estuvo diseñado para conocer las particularidades de estos casos, sin embargo, sus respuestas representan una confirmación de la continuidad de situaciones que obliga a los y las periodistas a abandonar su país.

Es en este contexto de limitaciones y ataques que se deben entender las respuestas obtenidas en el cuestionario completado por los y las participantes en el mes de julio de 2021. En total se recibieron 49 respuestas, de las cuales 12 correspondieron a hombres, y una de una periodista exiliada, en consecuencia, sólo 36 respuestas fueron consideradas en el análisis general que se presenta a continuación.

Sobre las Participantes

De las 36 participantes, 31 estudiaron periodismo, pero es relevante destacar que las seis que no estudiaron periodismo trabajan como periodistas, tres indicaron estar bajo una relación de contrato con algún medio de comunicación, mientras que las restantes tres trabajan como periodistas independientes (freelancers).

 

 

 

 

 

 

En relación con los temas reportados, la mayoría de las periodistas nicaragüenses que participaron en el estudio en primer lugar se dedican a temas políticos, seguidos por temas culturales, y, en tercer lugar, temas medio ambientales. 

Saliendo de los temas más tradicionales, es notable que una participante indicó dedicarse a la producción audiovisual, otra al periodismo investigativo y de soluciones, y otras tres periodistas a la creación de contenidos para redes sociales. Adicionalmente, 10 periodistas indicaron dedicarse a temas de derechos humanos, incluyendo cuestiones relacionadas con género, niñez, participación ciudadana y salud.

Es interesante que el 58,3% de las participantes cubre más de dos temas, de hecho, dos periodistas indicaron dedicarse a todos los temas, por lo que es posible afirmar que la especialización no es lo común en el país.

Las edades de las participantes se encuentran entre los 21 y 63 años. Pero el grupo predominante de este estudio tiene entre 21 y 30 años de edad.

Treinta y un participantes residen en la capital (Managua), mientras que 5 viven en otras provincias. 

Veintiocho periodistas indicaron haber recibido cursos para aprender a manejar computadoras o Internet, y de este grupo, 14 también recibieron cursos sobre seguridad Digital. Sin embargo, la mayoría de las participantes de esta investigación no ha recibido cursos sobre seguridad digital (44,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información es importante porque todas las participantes indicaron que para su trabajo utilizan por lo menos una red social, siendo la más popular Facebook, seguida de WhatsApp y Twitter.

Situaciones de riesgo

Situación Laboral

Una particularidad del caso nicaragüense es que ninguna de las participantes trabaja para alguna institución del estado, pero la mayoría se encuentra trabajando (83,8%). Diecinueve trabajan para un medio de comunicación mientras que 11 trabajan como freelancers. 

Es notable que del grupo de quienes se desempeñan como freelancers, todas las participantes viven en la capital y la mayoría (8) estudió periodismo.

De las seis participantes que indicaron estar desempleadas, cinco residen en la capital, cuatro tienen menos de 30 años y tres reportan temas culturales. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones del desempleo, las edades de las participantes son un indicativo de la situación que viven las jóvenes periodistas en Nicaragua, e inclusive de los temas en los cuales las oportunidades de trabajo son menores. Adicionalmente, de las cinco participantes que indicaron vivir fuera de la capital, cuatro trabajan para un medio de comunicación y una es desempleada. Es notable que cuatro de ellas estudiaron periodismo, pero la que tiene 21 años indicó estar desempleada.

Seguridad Digital y Física

La mayoría de las periodistas nicaragüenses que participaron en esta investigación fueron víctimas de algún ataque o amenaza por el ejercicio de la profesión (86,1%) en el periodo comprendido entre Enero de 2020 y Julio de 2021. 

En relación con seguridad digital, 10 participantes (27,7%) indicaron no usar pseudónimos ni herramienta alguna de seguridad digital. De este grupo, únicamente tres participantes revelaron no haber recibido ningún ataque digital o físico que les haya impedido ejercer la profesión. De las restantes tres participantes que señalaron no haber recibido ningún ataque o amenaza, dos utilizan VPN y una utiliza pseudónimo en sus redes sociales.

Es notable que la mayoría de las periodistas nicaragüenses que participaron en este estudio utilizan por lo menos una herramienta de seguridad digital (52,8%). La herramienta más utilizada son los VPN (13 participantes); no obstante, su uso no es garantía de protección. En este mismo grupo, dos participantes indicaron haber sido víctimas de robos de datos personales (phishing) y tres de vigilancia digital.

El uso de pseudónimos en redes sociales no es una práctica común en Nicaragua. Veintinueve participantes indicaron no utilizarlo (80,6%). 

El uso de nombres reales tiene innumerables beneficios para la construcción de audiencias, pero también puede poner a las periodistas en una situación de vulnerabilidad mayor. De hecho, de este grupo, 24 participantes recibieron algún tipo de ataque o amenaza, siendo el más común las campañas de descrédito. 

Es importante mencionar que una periodista indicó que recibió intentos de hackeo. Estos ataques por lo general tienen por objetivo robar datos, contraseñas, e inclusive, tomar control de las redes sociales de la persona afectada. 

De igual forma, se debe hacer especial mención a los dos casos reportados sobre el uso de procedimientos legales contra periodistas. Las dos participantes indicaron trabajar para medios de comunicación y residen fuera de Managua. A pesar de que el objetivo de esta investigación no era conocer las particularidades del caso, es notorio que esa situación fue denunciada por la RELE en 2020 y los resultados obtenidos confirman el uso de mecanismos legales para silenciar a las periodistas.

En general, es preocupante que las principales situaciones que afectaron a las participantes fueron las campañas de descrédito (10) y los ataques verbales de parte de la audiencia (9) y de las autoridades públicas (7). Este tipo de ataques por lo general tienen como objetivo afectar la credibilidad de la persona y desvirtuar la atención de lo que reportan hacia ellas. Quienes son víctimas de estos ataques tienen una afectación personal y profesional que incide en diversas áreas de su vida, y aunque no demos detalles sobre los ataques recibidos, estos resultados reflejan la existencia de una práctica que afecta la libertad de prensa y la libertad de expresión de las periodistas.

Otro escenario que afectó a las participantes fueron los cortes de Internet. Siete participantes indicaron haber sido impactadas por esa situación. Todas las afectadas utilizan Facebook para desempeñar su trabajo, por lo que es posible afirmar que los cortes limitaron sus posibilidades de obtener y diseminar información por el tiempo de duración. Estas dos actividades son fundamentales para el ejercicio del periodismo y los efectos tienen consecuencias individuales y sociales.

Con relación a la seguridad física, durante la pandemia, nueve periodistas reportaron haber experimentado vigilancia física. El derecho a la privacidad en el caso de las periodistas no sólo garantiza el ejercicio individual de este derecho, sino que también protege a sus fuentes. La vigilancia tiene repercusiones profesionales y personales, por eso sólo es permitida cuando es ordenada por un juez y como parte de un procedimiento judicial. Esta situación supone riesgos para las periodistas que deben ser considerados en estudios especializados ya que tiene impactos individuales y generales que deben ser analizados en profundidad. 

Quienes experimentaron algún ataque o amenaza (30 participantes) indicaron que el principal mecanismo utilizado por los/las victimarios/as fue Facebook. Facebook es la principal red social utilizada en Nicaragua, y por las participantes, por lo que no es sorpresa que sea el principal medio utilizado para recibir ataques. 

Sin embargo, llama la atención la respuesta de tres participantes. Una de ellas indicó haber sido víctima de acoso en el lugar de trabajo, sin embargo, recibió amenazas a través de “sitios web de medios afines al gobierno”. A pesar de que no tenemos detalles de esta situación, es relevante destacar el rol de los colegas comunicadores de gobierno en los ataques contra periodistas. 

El lugar de trabajo de esa periodista es un medio de comunicación, y la información que la afectó fue colocada en la página web de otro medio de comunicación. A pesar de que no hay claridad sobre la existencia de un código de ética que deba ser observado por los y las periodistas nicaragüenses, es relevante indicar que la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua creó el Comité de Ética y Honor, que podría ser el órgano adecuado para investigar esta situación debido a que según el artículo 22 es:

“el órgano encargado de dictaminar, ajustado a las normas de derecho común y del Código de Ética y Honor Profesional de los Periodistas, sobre aquellas faltas a la ética o inadecuadas prácticas en el ejercicio de la profesión, estableciendo las sanciones que procedan según la gravedad del caso”. 

La segunda respuesta para resaltar fue dada por una periodista independiente quien indicó haber recibido ataques verbales en la calle. Esta situación refleja la existencia de una situación especial de vulnerabilidad en la que pueden estar las periodistas nicaragüenses cuando tienen que cubrir eventos. Inclusive, esta periodista indicó  

“El medio de comunicación independiente donde realizo mis pasantías fue allanado este año por la Policía Nacional. Se robaron los equipos y documentos confidenciales, incluyendo mi carnet de periodista.”

Este hecho denota la existencia del clima hostil denunciado por la RELE. Este estudio no está diseñado para conocer las particularidades del caso, sin embargo, esta respuesta llama la atención a situaciones que no están dirigidas específicamente contra mujeres periodistas pero que inciden directamente en el trabajo que realizan. De allí que sea importante destacar que las autoridades deben actuar conforme a la ley, y la confiscación de equipos debe ser ordenada por un juez en el marco de un procedimiento judicial.

Por último, una participante mencionó el uso de YouTube para atacarla. Esta plataforma ha crecido en importancia para la comunicación social, pero la interactividad que ofrece permite que sea usada como un medio para atacar y amenazar a quienes la usan. De hecho, esta periodista indicó que recibió ataques de parte de su audiencia y que fue víctima de campañas de descrédito. Sin embargo, como en casos anteriores, el cuestionario no estuvo diseñado para conocer las particularidades del caso.

Acceso a la Información Pública

De las 36 respuestas obtenidas, sólo 3 periodistas indicaron no haber experimentado ningún tipo de situación que afectara su acceso a la información pública. Una de ellas trabaja para un medio de comunicación, otra como freelancer, mientras que la tercera indicó estar desempleada.

No obstante, las respuestas de las restantes 33 contrarrestan esta posición y otorgan información importante respecto a las situaciones que afectan a las mujeres periodistas en el acceso a la información pública. La principal situación reportada fue el rechazo de las solicitudes de información presentadas.

El hecho de que la mayoría de las participantes haya experimentado un rechazo de solicitud de acceso a la información pública confirma lo denunciado por la RELE en su reporte de 2020. Es importante destacar que de las 28 participantes que indicaron haber sido víctimas de esta situación, 15 también experimentaron denegaciones de acceso a representantes de gobierno (53,6%).

Estas respuestas indican la existencia de impedimentos para el ejercicio del periodismo que impactan la libertad de prensa y la libertad de expresión. Los mecanismos de acceso a la información pública tienen como objeto principal brindar aquellos datos que la población necesita, de allí que la información deba estar disponible para ser consultada, analizada y publicada. De hecho, sobre este particular, hubo una respuesta que es importante destacar. La participante escribió que: 

“Todo acceso a información pública en Nicaragua está vetado a los medios y comunicadoras independientes, intentar acceder a conferencias de prensa o cubrir noticias en terreno implica una exposición a la integridad física, la libertad y de tus equipos de apoyo (celulares, vehículos, cámaras)”.

Esta participante indicó que trabajaba como freelancer, y tal y como ella lo indica, los problemas de acceso a la información impiden la realización de su trabajo. De hecho, del grupo de freelancers, cuatro participantes más indicaron haber experimentado denegaciones de acceso a representantes del gobierno y ocho de ellas experimentaron rechazos de solicitudes de información pública. 

Esta situación también afecta a quienes se encuentran desempleadas. Tres participantes indicaron que sus solicitudes de información pública fueron rechazadas, una denegación de acceso a representantes del gobierno y otra una exclusión a conferencias de prensa.

Situaciones relacionadas con el COVID-19

La información relacionada con la pandemia en Nicaragua ha sido limitada y los impedimentos para acceder a las fuentes oficiales aumentaron desde que esta inició en marzo de 2020. A fin de afrontar las particularidades del caso, tanto los medios de comunicación como las periodistas han respondido de diversas maneras. 

Quienes se encuentran desempleadas deben correr con los gastos relacionados con la obtención de equipos de protección. Sin embargo, del grupo que está bajo una relación laboral (30 participantes), dos indicaron no haber recibido ningún tipo de equipo de protección.

Diecisiete participantes indicaron trabajar para un medio de comunicación, y señalaron que recibieron al menos uno de los productos mencionados en el gráfico, siendo el más común las mascarillas. Similarmente, de quienes indicaron trabajar como freelancers, cinco recibieron mascarillas.

Es notable el hecho de que una participante destacó que su asociación gremial, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), cubrió algunos de los productos necesarios para protegerse del Covid-19. Desconocemos la extensión de estas ayudas, sin embargo, refleja uno de los beneficios de pertenecer a una organización gremial, que ninguna otra participante indicó.

Perpetradores y víctimas

Quince periodistas indicaron que los ataques estuvieron dirigidos contra ellas. De este grupo es notorio el hecho de que la mayoría trabaja para un medio de comunicación (8), y por lo menos seis de ellas también fueron víctimas de ataques verbales y campañas de descrédito. No obstante, una participante que trabaja como freelancer y usa pseudónimo en redes sociales, especificó que los ataques fueron contra su trabajo porque no está afiliada a un medio y no revela su verdadera identidad.

 

Respecto a los y las responsables de los ataques y amenazas, de las 15 periodistas mencionadas, al menos seis indicaron que los ataques fueron realizados por autoridades públicas, incluyendo representantes de cuerpos policiales y militares. Inclusive, una de las participantes indicó que los perpetradores fueron “Operadores del gobierno y otros que no puedo identificar con certeza”. Adicionalmente, llama la atención que en siete casos identificaron al público en general y otros seis a otros colegas.

Sin embargo, en tres casos los ataques también estuvieron dirigidos contra sus familias, y en siete casos contra los medios para los cuales trabajan. En ambos casos, las periodistas indicaron a representantes del estado (funcionarios públicos, policías y militares) como los principales responsables.

Dos participantes indicaron que los ataques fueron únicamente contra miembros directos de su familia (hijos, padres y/o pareja), y fueron realizados por el público en general, representantes de cuerpos militares y colegas que trabajan en otros medios de comunicación.

De forma similar, 16 participantes indicaron que los ataques estuvieron dirigidos exclusivamente contra el medio de comunicación para el cual trabajan. En estos casos, reconocieron al público en general como el principal responsable. Es relevante destacar que una participante especificó que los responsables fueron “afines a partidos políticos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante que dos periodistas reportaron no haber sido víctimas de algún ataque o amenaza, pero sí los medios para los cuales trabajan, y en ambos casos, los ataques fueron por parte del público. 

Mecanismos de Protección

En esta sección se consideran las respuestas de las 30 participantes que indicaron haber sido víctima de algún ataque o amenaza. 

Catorce participantes no iniciaron ningún procedimiento (legal o no) para denunciar la situación, pero el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones de las participantes para no iniciar los procedimientos correspondientes. De estas 14 participantes, 10 señalaron que los ataques ocurrieron en una plataforma digital (Facebook, Instagram o WhatsApp) pero ninguna bloqueó al responsable del ataque. Sin embargo, otras 14 periodistas indicaron haber bloqueado al usuario de la red social utilizada para amenazar o atacar. 

Una periodista indicó haber denunciado la situación ante los organismos de derechos humanos, pero no especificó cual por lo que no es posible saber si hizo uso de los mecanismos de protección ofrecidos por Nicaragua o por las organizaciones internacionales.

Finalmente, una participante escribió que “ha tratado de documentar” pero no indicó el fin de tal actividad.

Conclusiones

La mayoría de las participantes de este estudio tiene entre 20 y 30 años, residen en Managua y utilizan plataformas digitales para trabajar. A pesar de que la mayoría de ellas no ha recibido entrenamiento en cuestiones relacionadas con seguridad digital, la mayoría utiliza herramientas de seguridad digital, siendo el más popular los VPN

No obstante, el desempleo se ubica como una de las situaciones de riesgo que experimentan las periodistas nicaragüenses, que afecta especialmente a las jóvenes. Es notable que ninguna de las participantes indicó trabajar para instituciones del estado, lo que coloca a los medios de comunicación como los principales empleadores de las periodistas nicaragüenses.

En lo relacionado con los ataques, en Nicaragua, lo más común son las campañas de descrédito y los ataques verbales. Es alarmante que los ofensores suelen ser las audiencias y representantes del estado. Para evitar estas prácticas se deben implementar planes y políticas públicas sobre alfabetización mediática y respeto del derecho a la libertad de expresión. Adicionalmente, preocupa la utilización de mecanismos legales para silenciar a las periodistas. Las leyes deben fomentar el respeto y la promoción de los derechos humanos, y el hecho de que las periodistas hayan indicado su uso para silenciarlas supone lo contrario. El estado tiene la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos, por lo que debe garantizar que los mecanismos sean utilizados para promover el ejercicio de la libertad de prensa.

De igual forma las limitaciones al acceso a la información pública afectan a las periodistas, e impiden el ejercicio de la profesión. La mayoría de las participantes indicaron que sus solicitudes fueron rechazadas, y aunque parece ser una práctica común de las autoridades, las respuestas obtenidas nos señalan áreas que deben ser fortalecidas, incluyendo entrenamiento para funcionarios públicos y para periodistas.

En cuanto a los mecanismos para evitar el contagio de Covid-19, la mayoría de las periodistas recibió mascarillas. Es notable que una periodista resaltó los esfuerzos de su asociación gremial, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), para llevar los insumos necesarios. Nadie más reportó esta situación, sin embargo, su respuesta nos recuerda que las asociaciones gremiales cumplen un rol fundamental en la protección de sus agremiados por lo que se deben realizar esfuerzos para apoyar sus labores.

Las periodistas señalaron a representantes del estado como los principales agresores. Esta situación es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua. El estado tiene la obligación de capacitar a los funcionarios y promover un ambiente respetuoso de la libertad de expresión, en consecuencia, esta es un área que debe ser fortalecida.

Finalmente, cabe destacar que el mecanismo de protección de preferencia de las participantes fue el bloqueo de usuarios. Ninguna participante indicó haber iniciado alguno de los procedimientos legales existentes en el país, lo que afecta las posibilidades de Nicaragua de cumplir con el ODS 16.