Honduras ha realizado diversos esfuerzos para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 a los planes de desarrollo del país (Visión de País al año 2038, el Plan de Nación para el periodo 2010-2022 y el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022). A fin de cumplir con el ODS 5 – Igualdad de género, Honduras ha realizado modificaciones al marco jurídico electoral, lo que ha favorecido el incremento del número de mujeres electas para desempeñar cargos públicos; sin embargo, no destacan esfuerzos particulares para medir la situación de las mujeres en otros ámbitos. De hecho, en lo que respecta al ODS 16, Honduras no otorga estadísticas particulares sobre el número de periodistas asesinados, secuestrados, desaparecidos y torturados (República de Honduras, 2020).

En 2020, en la tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Honduras reportó avances en la investigación de casos sobre violación del derecho a la libertad de expresión. En especial indicó que después de la aprobación de la Ley de Protección en 2015 han realizado evaluaciones de casos y otorgado medidas a diferentes personas.(Consejo de Derechos Humanos, 2020). Es relevante mencionar que la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia provee un marco general de protección y prevé la adopción de medidas especiales para periodistas amenazados o en riesgo. Honduras ha mantenido estadísticas sobre el uso de este mecanismo, pero a pesar de que el país indica que para 2019 se encontraban vigentes 204 medidas de protección, los reportes no incluyen información desagregada por género ni profesión (República de Honduras, 2020).

A pesar de los esfuerzos reportados por el gobierno, Honduras es considerado el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo. Según el Observatorio de Periodistas de la UNESCO, desde 1993 en Honduras 44 periodistas han sido asesinados (una sola mujer). En 2020, la RELE reportó el asesinato de cuatro periodistas, de los cuales dos fueron beneficiarios de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana (Vaca Villarreal, 2021).

Un estudio realizado en 2014 indicó que 90% de los y las periodistas creen que existen diversos riesgos para el ejercicio del periodismo que van más allá de los atentados contra sus vidas (Meza & Oliva, 2014). Las amenazas y ataques recibidos por los y las periodistas son constantes, sin embargo, en el marco de la pandemia la situación económica se convirtió en uno de los principales riesgos para el ejercicio de la profesión en Honduras (Vaca Villarreal, 2021).

En cuanto a los riesgos, la censura se posiciona como el principal desafío ya que proviene de dueños de medios, anunciantes y representantes del poder público en todos sus niveles. Inclusive, para algunos medios, especialmente los comunitarios, los cortes de electricidad y los altos costos del servicio eléctrico constituyen riesgos para el ejercicio de la profesión (Meza & Oliva, 2014, pág. 105). Sobre este particular, el reporte de la SIP de 2020 indicó que:

“Los periodistas tienen que obedecer la línea editorial del lugar donde laboran, de modo que existe una autocensura teniendo en cuenta que el 85% de los medios de comunicación de Honduras tienen una fuerte vinculación con el Gobierno de turno… Los dueños de medios de comunicación, por lo general, tienen otros intereses y negocios adicionales, lo que de una u otra manera los compromete a tratar bien al gobierno, y de ahí se desencadena una relación ‘armoniosa’ entre los empresarios de las comunicaciones y la administración de gobierno” (pág. 4).

El primer caso de Covid-19 en Honduras se confirmó el 11 de marzo de 2020, momento a partir del cual el gobierno implementó las medidas necesarias para controlar la enfermedad. Sin embargo, el Relator Especial de la Libertad de Expresión de la OEA manifestó su preocupación por las limitaciones al acceso a la información pública, la violencia física contra periodistas, campañas de desprestigio, restricciones a la libre circulación y detenciones arbitrarias (Vaca Villarreal, 2021). Estas situaciones coexisten con otras realidades, incluyendo el confinamiento, aumento de casos de violencia y trabajo doméstico no remunerado (República de Honduras, 2020).

En relación con el acceso a la información pública, la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue adoptada en 2006, y creó el Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras. Pero, periodistas indican que no usan los procedimientos establecidos porque son lentos y engorrosos. De hecho, para algunos investigadores esta ley “no se cumple y queda a discreción de los funcionarios brindar la información que se solicite sin que se haga un examen minucioso de las actuaciones” (Meza & Oliva, 2014, pág. 120).

El acceso a la información pública puede ser ejercido a través de plataformas digitales, por eso es de destacar que en Honduras a pesar de que 71,1% de la población tiene conexión móvil, aproximadamente sólo un 38,2% de la población tiene acceso a internet (3.81 millones de personas). De este grupo, en el top 10 de búsquedas de Google destacan las redes sociales Facebook y WhatsApp. Es notable el hecho de que el número de cuentas de redes sociales activas es de 4,8 millones, siendo las más populares Facebook e Instagram (Kemp, Digital 2021: Honduras, 2021).

Es en este contexto de limitaciones y ataques que se deben entender las respuestas obtenidas en el cuestionario completado por los y las participantes en el mes de julio de 2021. En total se recibieron 106 respuestas, de las cuales cinco correspondieron a hombres, cinco a mujeres que no estudiaron periodismo ni trabajaban como periodistas, una a una menor de edad (17 años) y una respuesta fue de una persona que prefirió no indicar su género. En consecuencia, sólo 94 respuestas fueron consideradas en el análisis general que se presenta a continuación.

Sobre las Participantes

De las 94 participantes, 86 estudiaron periodismo, pero es relevante destacar que las ocho que no estudiaron periodismo trabajan como periodistas ya sea como trabajadoras independientes (freelancers) (6) o contradas por un medio (2). 

De las participantes que estudiaron periodismo, 37 personas indicaron estar bajo una relación de contrato con algún medio de comunicación, diez por una institución del estado, 18 trabajan como freelancers, mientras que 22 participantes indicaron estar desempleadas. 

En relación con los temas reportados la mayoría de las periodistas hondureñas trabaja temas políticos, seguido por cuestiones culturales y medio ambientales. Es interesante que 33 participantes indicaron reportar temas relacionados con derechos humanos, incluyendo cuestiones sociales, de género, familia, educación, conflictos sociales y protestas, corrupción, salud, migración, democracia y seguridad ciudadana. De igual forma, llama la atención que cinco participantes indicaron dedicarse a temas militares, policiales, judiciales y crimen organizado, ya que en algunos casos estas áreas pueden ser cubiertas por periodistas dedicadas a sucesos.

Adicionalmente, saliendo de la clasificación tradicional, una periodista indicó dedicarse a temas publicitarios, otra se especializa en la producción y distribución de información de la institución (comunicadora institucional) para la cual trabaja, y otra se dedica a temas relacionados con tecnología.

Las edades de las participantes se encuentran entre los 19 y los 60 años, pero el grupo predominante en este estudio tiene entre 19 y 30 años de edad.

Sesenta y dos participantes residen en la capital hondureña (Tegucigalpa), mientras que 32 residen en otras provincias, siendo la mayoría de San Pedro Sula (13), la segunda ciudad más importante del país.

 

Finalmente, treinta periodistas indicaron no haber recibido cursos para aprender a manejar computadoras o Internet, sin embargo, de este grupo siete reportaron haber recibido cursos sobre seguridad digital. Esta información es importante porque, a excepción de una participante, todas las demás participantes utilizan para su trabajo por lo menos una red social, siendo Facebook la más popular (75 participantes). 

 

Situaciones de riesgo

Situación Laboral

De las 22 participantes que indicaron estar desempleadas, 13 indicaron tener menos de 30 años, seis menos de 40, y tres entre 46 y 51 años. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones del desempleo, las edades de las participantes son un indicativo de la situación que viven las jóvenes periodistas en Honduras.

 

 

Veinticuatro participantes indicaron que trabajan como freelancers, y es interesante destacar que de este grupo la mayoría estudió periodismo (18). De igual forma, 10 de estas participantes no residen en Tegucigalpa y tienen entre 41 y 47 años de edad (5).

En contraste, de las participantes que viven en la capital y trabajan como freelancers, la mayoría tienen entre 33 y 37 años de edad (8 participantes). De hecho, inclusive quienes no estudiaron periodismo (6) residen en su mayoría en Tegucigalpa (4) y tienen entre 51 y 53 años de edad.

 

El desempleo no es exclusivo del gremio de periodistas, sin embargo, el desempleo y el trabajo como freelancer coloca a las periodistas en una situación de vulnerabilidad económica, y el hecho de que 46 de las participantes (48,4%) se encuentren en alguna de estas categorías, confirma el reporte de la RELE respecto a los riesgos económicos que enfrentaron los y las periodistas en el país durante el 2020. Estudios demuestran que la dependencia económica fomenta la violencia de género y perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres. A pesar de que este estudio no estuvo diseñado para indagar en las consecuencias de esta situación, nos da un indicativo de áreas que deben ser monitoreadas.

Adicionalmente, es de destacar que del total de las participantes que indicaron residir en otras provincias (33), 16 trabajan para un medio de comunicación, dos para una institución del estado y tres indicaron estar desempleadas. Estas respuestas denotan que el principal empleador son los medios de comunicación que operan en las diferentes regiones del país.

Por último, el hecho de que el 65,2% de las participantes se encuentre en la capital constituye un indicativo de dónde se encuentran las oportunidades laborales, e inclusive, justifica porque la mayoría de los ataques reportados contra periodistas ocurren en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.

Seguridad Digital y Física

La mayoría de las periodistas hondureñas que participaron en esta investigación fueron víctimas de algún ataque o amenaza por el ejercicio de la profesión (64,2%). La mayoría de los casos fueron reportados por periodistas que viven en Tegucigalpa (36), seguido por San Pedro Sula (12). 

Es destacable que 55 participantes (57,9%) indicaron no usar pseudónimos ni herramienta alguna de seguridad digital. De este grupo, sólo 22 participantes, revelaron no haber recibido ningún ataque digital o físico que les haya impedido ejercer la profesión. No obstante, en Honduras, la mayoría de las participantes de este estudio no utiliza herramientas de seguridad digital (68,4%) ni un pseudónimo en redes sociales (87,3%). 

Como se ha destacado, se debe recordar que el uso de nombres reales tiene innumerables beneficios para la construcción de audiencias, pero también puede poner a las periodistas en una situación de vulnerabilidad mayor, especialmente cuando no se utilizan herramientas de protección digital. En el caso hondureño, la herramienta de seguridad digital más utilizada son los manejadores de claves (16 participantes). No obstante, en este mismo grupo, cuatro participantes indicaron haber sido víctimas de robos de datos personales (phishing) y tres de usurpación de identidad en redes sociales. 

 

Entre las participantes que no usan pseudónimos, 30 reportaron no haber sido víctimas de ninguna situación que las pusiera en riesgo o que les impidiera ejercer su profesión. Las restantes 53 reportaron las situaciones que se muestran en el gráfico 26, siendo la más común el acoso digital.

 

De las 11 participantes que sí lo utilizan, cuatro participantes indicaron no haber sido víctimas de ninguna situación que las pusiera en riesgo o que les impidiera ejercer su profesión, empero, siete participantes si fueron víctimas de algún ataque o amenaza. Es notable, que dos participantes indicaron ser víctimas de vigilancia digital, y ambas se dedican a diseminar información sobre la situación de los derechos humanos en el país. 

Los resultados obtenidos demuestran que en Honduras existe una correlación entre el uso de pseudónimos y la seguridad digital. Esta situación es particular del país por lo que se debe investigar con más detalle. Esta investigación no nos permite hacer generalizaciones ni explicar por qué el uso de pseudónimos constituye un mecanismo de protección para las mujeres periodistas, sin embargo, arroja luces del camino a seguir para mejorar la situación de estas profesionales.

Otro escenario que afectó a las participantes desde Enero 2020 hasta Julio 2021 fueron los cortes de Internet. Veintidós participantes indicaron haber sido impactadas por esa situación, de las cuales 13 viven en Tegucigalpa, seis en San Pedro Sula, y las restantes tres en otras regiones del país. Las participantes del estudio que experimentaron los cortes indicaron utilizar Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y páginas web para desempeñar su trabajo. Las interrupciones en el servicio de Internet impiden la obtención y diseminación de información, dos actividades claves para el ejercicio del periodismo. 

Con relación a la seguridad física, durante la pandemia, seis participantes indicaron haber sido víctimas de acoso en el lugar de trabajo, tres experimentaron ataques físicos y tres participantes vigilancia física. Es relevante que una participante indicó que se le impuso una multa por informar. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para conocer las particularidades del caso, se debe recordar que las multas deben ser impuestas de conformidad con la ley; no para censurar a la periodista o al medio de comunicación para el cual trabaja, sino para la imposición de responsabilidades ulteriores.

Por último, quienes experimentaron algún ataque o amenaza (61 participantes) indicaron que el principal mecanismo utilizado fue Facebook seguido de WhatsApp. Facebook es la principal red social utilizada en Honduras, y por las participantes, por lo que no es sorpresa que sea el principal medio utilizado para recibir ataques. Sin embargo, llama la atención el uso de WhatsApp debido a que para que esta plataforma pueda ser utilizada se requiere el número de teléfono, lo que implica una cercanía entre la víctima y el/la victimario/a.

Acceso a la Información Pública

De las 95 respuestas obtenidas, sólo 22 indicaron no haber experimentado ningún tipo de situación que afectara su acceso a la información pública. No obstante, las respuestas de las restantes 73, otorgan información importante respecto a las situaciones que afectan a las mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión y de acuerdo con su relación laboral.

El hecho de que la mayoría de las participantes haya experimentado la denegación de información revela la existencia de un impedimento para el ejercicio de la profesión en Honduras que debe ser analizado con detalle. Estas limitaciones inciden negativamente en el ejercicio de la libertad de expresión, y tienen un efecto en la población en general. La información pública, como su nombre lo indica, debe estar disponible para ser consultada, analizada y publicada a fin de mantener el debate necesario en sociedades democráticas, tal y como lo indican los acuerdos internacionales de protección de derechos humanos. 

Sobre este particular, hubo cuatro respuestas que son importantes para este estudio. Una participante indicó no haber solicitado información. A pesar de que su respuesta no representa a la mayoría, ni puede ser generalizable, demuestra que hay periodistas que no utilizan los mecanismos diseñados para obtener información. Este estudio no estuvo diseñado para conocer las causas de esa situación, sin embargo, nos recuerda que la existencia de una ley no garantiza el uso ni la idoneidad del mecanismo. De hecho, las otras tres respuestas reflejan diferentes problemas con el uso de este procedimiento.

Primero, imposibilidades para ingresar en el sistema. Una participante indicó “No me permiten generar mi contraseña para poder solicitar información pública”. Segundo, obtención de información diferente a la solicitada. Una participante detalló que “Antes del cierre por la pandemia pedí información al IAP y enviaron algo que no pedí”. El Instituto de Acceso a la Información Pública en Honduras (IAP) es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, y como tal tiene la obligación de otorgar la información solicitada. A pesar de haber obtenido una respuesta, esta no fue satisfactoria y el resultado práctico es una denegación de acceso a la información requerida. De forma similar, la tercera participante experimentó retardos en la entrega de la información, y cuando la obtuvo la misma estaba incompleta. 

En virtud de lo anterior, es de destacar que de acuerdo con el artículo 4 de la ley hondureña

“toda persona natural o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las Instituciones Obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidos en esta Ley.” (resaltado añadido).

El cuestionario no estuvo diseñado para conocer los detalles de esta experiencia, sin embargo, las respuestas obtenidas denotan irregularidades que pueden ser objeto de otros estudios, y en particular, se debe evaluar si el género de la persona incide en el tipo de respuesta obtenida.

 

Situaciones relacionadas con el COVID-19

El ejercicio de la profesión ha variado de acuerdo con el incremento de casos de COVID-19. Los medios de comunicación y las periodistas han respondido de diversas maneras ya que los riesgos varían de acuerdo con el tipo de periodista y su condición laboral. 

Quienes se encuentran desempleadas deben correr con los gastos relacionados con la obtención de equipos de protección. Sin embargo, del grupo que está bajo una relación laboral (73 participantes), tres participantes indicaron no haber recibido ningún tipo de equipo de protección.

Treinta y nueve participantes indicaron trabajar para un medio de comunicación, e indicaron haber recibido al menos uno de los productos mencionados en el gráfico, siendo el más común las mascarillas. La situación es similar para quienes indicaron trabajar para una institución del gobierno (10 participantes). Por último, del grupo que indicó ser freelancer, 14 no recibió ningún tipo de producto mientras que las restantes 10 reportaron haber recibido al menos uno de los productos mencionados en el gráfico. 

Es notable el hecho de que a pesar de que las mascarillas son el producto por excelencia para evitar el contagio no todas las periodistas hondureñas lo recibieron. 

Perpetradores y víctimas

De las 61 participantes que indicaron haber sido víctimas de algún ataque u amenaza, 29 dijeron que también se dirigieron en contra de su lugar del trabajo. De forma similar, seis participantes señalaron que las amenazas incluyeron a sus familiares (hijos, padres y/o pareja). Las respuestas obtenidas reflejan la tendencia mundial sobre las amenazas y ataques recibidos por mujeres periodistas, quienes son más proclives a que estos afecten su vida personal y profesional.

Es notable que de las 34 participantes que indicaron que no habían experimentado ninguna situación que las pusiera en riesgo, una participante manifestó haber recibido ataques en contra de su familia, y siete indicaron que los medios para los cuales trabajan recibieron algún tipo de ataque, en un caso por parte del público y en otro caso por parte de funcionarios del estado.

Las participantes indicaron que sus audiencias fueron las responsables de la mayoría de los ataques (29), seguido de los representantes del estado (20). Sin embargo, es notable que dos personas mencionaron un “call center” y una especificó que era del gobierno. Esta es una situación particular de Honduras y de la cual no tenemos mayores detalles. La utilización de mecanismos para intimidar, hostigar o atacar a periodistas debe ser restringida por el estado, por lo que estas respuestas indican la existencia de una situación que debe ser evaluada ya que constituye un indicio de una nueva forma de ataques contra periodistas que no está siendo considerada por otras instituciones.

 

Mecanismos de Protección

En esta sección se consideran las respuestas de las 61 participantes que indicaron haber sido víctima de algún ataque o amenaza.

El primer punto para destacar es el hecho que 32 participantes no iniciaron ningún procedimiento (legal o no) para denunciar la situación. El cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones de las participantes para no iniciar los procedimientos correspondientes, no obstante, es interesante que todas indicaron que la amenaza o ataque se realizó a través de una plataforma de Internet, pero únicamente 18 participantes indicaron haber bloqueado al usuario de la red social correspondiente. 

Este es uno de los mecanismos que ofrecen las redes sociales para limitar el uso de las plataformas para amenazar o atacar. Por lo general es un procedimiento sencillo de usar que ofrece respuestas inmediatas a las periodistas, pero es notable que no sea el más utilizado por las periodistas hondureñas.

Cuatro participantes presentaron una denuncia ante la policía. Tres de estas participantes recibieron las amenazas o ataques por Facebook, mientras que una los recibió en persona. A pesar de que los ataques recibidos son variados y nos impiden conocer más sobre los pasos a seguir luego de iniciada la investigación, es notorio el hecho de que estas mujeres crearon un precedente policial sobre la situación que vivieron, lo que le permite al Estado hondureño iniciar la investigación correspondiente y evitar que se produzca mayor afectación al derecho de las periodistas

En cuanto al uso del sistema judicial, dos participantes indicaron haber presentado denuncias ante los tribunales penales, una participante inició un procedimiento civil y otra un procedimiento administrativo. Sin embargo, las respuestas obtenidas no nos permiten conocer cuál procedimiento fue iniciado, por cuál motivo, ni contra quién.

Las participantes tuvieron la oportunidad de informar sobre el uso de otros mecanismos, y dos de ellas lo hicieron. En el primer caso, la participante inició un procedimiento ante una ONG; mientras que en el segundo caso fue ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Esta figura fue creada en 1995 mediante el decreto No. 2-95 y faculta a el/la titular de la institución a recibir denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, conducir el procedimiento necesario para investigarlas, y realizar informes para corregir las situaciones que dieron origen a la queja.. Sin embargo, dado que el objetivo del cuestionario aplicado no era profundizar en los detalles de estos procedimientos, no es posible conocer, desde este estudio inicial, los avances de las denuncias particulares presentadas. 

Conclusiones

La mayoría de las participantes de este estudio tiene entre 19 y 30 años, residen en Tegucigalpa y San Pedro Sula y utilizan plataformas digitales para desempeñar sus funciones. Sin embargo, es notable el hecho de que la mayoría de ellas no recibieron cursos de seguridad digital, lo que las expone a riesgos digitales que no pueden prevenir, incluyendo robo de datos personales y usurpación de usuarios en redes sociales.

En Honduras existe una correlación entre el uso de pseudónimos y los ataques recibidos. Las razones que explican esta situación escapan del ámbito de esta investigación, sin embargo, el hecho de que la mayoría de los ataques verbales hayan sido perpetrados por las audiencias señala hacia uno de los motivos por los cuales es conveniente para las periodistas mantener la anonimidad en las redes sociales.

Una de las situaciones que afecta a la mayoría de las periodistas hondureñas es el desempleo. Si bien ésta no es una situación exclusiva del gremio, supone una condición de vulnerabilidad económica que las afecta personal y profesionalmente. Las consecuencias del desempleo van más allá del ámbito de esta investigación, pero las respuestas de las participantes revelan la necesidad del desarrollo e implementación de políticas públicas que favorezcan la libertad de prensa.

Otra dificultad que experimentan las periodistas hondureñas para el ejercicio de la profesión es el acceso a la información pública. Como se mencionó anteriormente, la existencia de una ley no garantiza su cumplimiento, y las respuestas otorgadas por las participantes de este estudio lo confirman.

En cuanto al manejo de la pandemia, a pesar de que la mayoría de las participantes indicó haber recibido algún producto para evitar el contagio (siendo el más común las mascarillas), no todas lo recibieron. El número de periodistas en esta situación es mínimo, sin embargo, demuestra que, en algunos casos, los empleadores trasladaron el 100% de la responsabilidad a la periodista.

Con relación a los ofensores, destaca el uso de mecanismos no tradicionales, específicamente call centers. Esta investigación no fue diseñada para conocer los detalles sobre el funcionamiento de estos centros ni las consecuencias de su uso para el ejercicio de la profesión; no obstante, las respuestas de las participantes denotan la utilización de plataformas especialmente diseñadas para el contexto hondureño.

Por último, es importante resaltar que las periodistas hondureñas conocen y utilizan algunos de los mecanismos ofrecidos por el estado para mejorar su protección. Este estudio no tuvo como objetivo conocer los resultados de los procedimientos iniciados, pero las respuestas ofrecidas por las participantes indican que es necesario medir la efectividad de los mismos a fin de determinar la actuación del estado y contribuir con el cumplimiento del ODS 16.