Los tres países de la región considerados en este estudio tienen similitudes y diferencias en cuanto a los ataques experimentados por las mujeres periodistas, por lo que este capítulo presentará los hechos más notorios. Sin embargo, para entender el panorama general de la región, recomendamos leer la primera sección de este informe.
Sobre las Participantes
En esta sección se consideran 177 respuestas, 47 de El Salvador, 94 de Honduras y 36 de Nicaragua. Es notable el hecho de que la mayoría de las participantes residen en las ciudades capitales (68,9%). En dichas ciudades las tasas de penetración de Internet son más altas, y por lo general, existen mayores oportunidades educativas y laborales.
Todas las respuestas corresponden a mujeres que estudiaron periodismo o que trabajan como periodistas, bien sea contratadas o como trabajadoras independientes (freelancers). Sin embargo, se debe resaltar que el 86,4% de las participantes estudió periodismo, y de este grupo 39,5% trabaja para un medio de comunicación. En contraste, de quienes no estudiaron periodismo sólo un 7,3% trabaja para un medio de comunicación. En consecuencia, es posible afirmar que quienes estudian periodismo tienen mayores oportunidades de ejercer la profesión que quienes no.
Esta situación es interesante porque las periodistas ejercen de forma constante el ejercicio a la libertad de expresión, y aunque el derecho internacional no exige los estudios para ejercer la profesión, en la práctica parece ser un requisito solicitado por los medios de comunicación de los países bajo estudio.
En cuanto a las edades de las participantes, oscilan entre los 19 y los 63 años de edad, sin embargo, el grupo predominante tiene entre 19 y 30 años de edad. Este grupo corresponde a las llamadas “jóvenes millennials” o “zilennials”, o en otras palabras, la primera generación que creció con acceso a Internet. 
A pesar de que son mujeres que están acostumbradas a la tecnología y al uso de redes sociales, no necesariamente han sido entrenadas en materia de seguridad digital ni en el uso de estas tecnologías. De hecho, de las 70 participantes que conforman este grupo, es notorio el hecho que 62,9% recibió cursos para utilizar computadoras o Internet, pero solo 30% recibió cursos sobre seguridad digital. Pudiéramos esperar que las instituciones educativas hayan sido quienes impartieron los cursos, sin embargo, en su mayoría fue en el lugar de trabajo (8 participantes).
El grupo que tiene entre 31 y 40 años de edad también incluye participantes que entran dentro del grupo de las “millennials” (60 participantes). Estas mujeres tuvieron parte de su vida sin Internet y tuvieron que adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos, lo que explica porque la mayoría recibió cursos sobre el uso de computadoras e Internet (68,3%). No obstante, es notorio el hecho de que solo 45% de las participantes en este grupo recibió capacitación sobre seguridad digital, y quienes la recibieron, en su mayoría lo hicieron por una iniciativa del lugar de trabajo (9 participantes).
Para el grupo que tiene entre 41 y 51 años de edad la situación varía. Estas mujeres entran en la llamada “Generación X” y podemos inferir que el Internet, y en especial las redes sociales, fue un medio que apareció luego de que habían culminado su periodo de formación académica, por lo que tuvieron que acudir a diferentes instituciones para aprender a usar la tecnología. De hecho, las respuestas obtenidas lo confirman. Por lo menos el 84% recibió un curso para el manejo de computadoras o Internet; pero, solo el 36% recibió un curso de seguridad digital, y en su mayoría como parte de una actividad organizada por una organización local no gubernamental (ONG). Este hecho es alarmante porque todas utilizan alguna plataforma digital para realizar su trabajo.
Finalmente, en el grupo entre 60 y 63 años la situación es similar al grupo etario anterior. Para estas mujeres el uso de computadoras o Internet no fue parte de su práctica profesional por muchos años, por lo que es comprensible que el 76,9% haya recibido un curso para aprender a manejar computadoras. No obstante, como en el caso anterior, es preocupante que el 53,8% no había recibido ningún entrenamiento en materia de seguridad digital. Quienes sí recibieron un curso, en su mayoría, fue impartido por una ONG.
Con relación a los temas reportados, es importante notar ciertas tendencias. Primero, el tema que más cubren las periodistas en los tres países es el político, mientras que el que menos cubren es el deportivo. Este resultado confirma la tendencia de la región reportada por el Global Media Monitoring Project (GMMP) en 2020.
Segundo, la mayoría de las participantes reportan dos o más temas. Inclusive, hay quienes indicaron que trabajan todos los temas mencionados. Tercero, temas relacionados con el ejercicio de los derechos humanos, especialmente en cuestiones de género, destacan como temas que las periodistas trabajan, y en algunos casos, estas periodistas también reportan sobre política o sucesos. 
En El Salvador, es relevante mencionar que cinco periodistas indicaron dedicarse a temas relacionados con derechos humanos, y tres especificaron que eran temas de justicia. Por otra parte, una participante indicó realizar cuestiones relacionadas con gestión documental, otra sobre fiscalización gubernamental, y por último, otra participante realiza reportajes investigativos. Llama la atención que 13 participantes indicaron que se dedicaban a cubrir sólo un tema, lo que representa un 27,7% del total de las participantes de este país.
En contraste, en Honduras, únicamente cinco periodistas se dedican a un solo tema (5,3%). Además de los temas incluidos en el gráfico, las cuestiones de derechos humanos son relevantes, y por eso, 14 participantes hondureñas indicaron reportar sobre situaciones relacionadas con género (5), educación (4), salud (2), familia (1), desarrollo humano (1), protestas sociales (1), democracia (1) y migración (1). De igual forma, es notable que cinco participantes indicaron reportar sobre la violencia, temas policiales, judicial, y crimen organizado; mientras que dos participantes, especificaron que, en relación con los temas medioambientales, cubren temas relacionados con sostenibilidad y extractivismo. Por último, llama la atención que una participante indicó reportar temas relacionados con tecnología y perfiles falsos.
Por último, en Nicaragua siguiendo la tendencia de Honduras, la mayoría de las participantes reporta sobre más de un tema, inclusive, dos participantes indicaron que cubren todos los temas, pero en términos porcentuales el 36,1% de las participantes cubre sólo un área. En el país, las cuestiones relacionadas con los derechos humanos son importantes, eso explica porque ocho participantes señalaron que reportaban sobre derechos humanos, incluyendo género (4), niñez (1), salud (1), educación (1) y participación ciudadana (1). Adicionalmente, una participante indicó que además de cubrir temas políticos e internacionales, hacía “periodismo investigativo y de soluciones”. Por último, cuatro participantes indicaron que su trabajo se relacionaba con la generación y publicación de contenidos en redes sociales.
Situaciones de Riesgo
Situación Laboral
En muchas ocasiones las relaciones laborales no son consideradas en los estudios relacionados con la seguridad de las periodistas, sin embargo, con base en experiencias anteriores de la investigadora en Centroamérica, se decidió incluir en el cuestionario una pregunta sobre la relación laboral de las participantes.
Del total de las participantes, 20,3% se encontraban desempleadas para Julio de 2021. El país con la tasa más alta de desempleo de periodistas es Honduras con 23,4% de las participantes de ese país, seguido por El Salvador con una tasa de 17% y Nicaragua con 16,7%. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para conocer las causas, ni el tiempo de esta situación, es importante poner estos números en perspectiva.
Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo de mujeres en Honduras en 2019 fue de 8,1% y para El Salvador de 4,4%. En el caso de Nicaragua la estadística más reciente es de 2018 y la tasa se ubicó en 5,3% (Banco Mundial, 2021). Los números obtenidos mediante el cuestionario no pueden ser generalizables, ni demuestran la situación general del desempleo de cada país, no obstante, son un indicativo de condiciones económicas que ponen en situación de vulnerabilidad y riesgo a las mujeres periodistas.
De igual forma, se debe mencionar que la mayoría de las periodistas desempleadas tiene entre 19 y 30 años de edad (63,9%). Esta situación las coloca en una situación de vulnerabilidad mayor. Se puede afirmar que los países considerados enfrentan grandes retos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el 5 (igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (Reducir la desigualdad en y entre los países).
El estudio destaca el hecho de que 24,9% de las participantes indicó trabajar como freelancers o periodistas independientes. En este grupo, el país con más periodistas en esta condición es Nicaragua con 30,6%, seguido por Honduras con 25,5% y luego El Salvador con 19,1%. El trabajo independiente crea diversas condiciones económicas que ponen en riesgo a las periodistas que trabajan bajo esta modalidad. A pesar de que no hay estadísticas nacionales sobre este tipo de trabajo, desagregadas por país y que el cuestionario no estuvo diseñado para conocer las causas y consecuencias de esta situación, no podemos olvidar los riesgos que esta condición laboral genera.
El restante 54,8% de las participantes se encuentra en una relación laboral. En efecto, 46,9% trabaja para un medio de comunicación mientras que el 7,9% restante para una institución del estado. Las condiciones contractuales no fueron objeto de esta investigación, por lo que no es posible afirmar que quienes están en esta situación se encuentran en una buena condición económica.
Seguridad Digital y Física
La violencia contra las mujeres es generalizada. En los países bajo estudio 69,5% de las participantes indicaron haber sido víctima de algún tipo de violencia, no obstante, es notable que quienes dijeron no haber recibido ataques o amenazas, 24,9% indicaron que el medio para el que trabajan si experimentó algún tipo de violencia, lo que las hace víctimas indirectas de las situaciones que afectaron su lugar de trabajo. En consecuencia, es posible afirmar que 94,4% de las participantes de este estudio han experimentado ataques o amenazas de forma directa e indirecta debido a su profesión como periodistas.
El 98,9% de las participantes utiliza alguna plataforma para realizar su trabajo y el 40,1% ha recibido un curso de seguridad digital. Sin embargo, el 57,1% del total de las participantes ha experimentado algún ataque o amenaza digital. En El Salvador, las situaciones más comunes son los ataques verbales por parte de la audiencia, el acoso digital y ataques verbales por parte de las autoridades públicas. En Honduras las participantes experimentaron en primer lugar acoso digital seguido de ataques verbales por parte de la audiencia. Por su parte, en Nicaragua la principal situación reportada por las participantes fue la vigilancia digital, seguida de campañas de descrédito y ataques digitales.
El hecho de que los ataques verbales por parte de la audiencia sean comunes en El Salvador y en Honduras es alarmante. Esta situación es excepcional y explica porque el acoso digital forma parte de las situaciones experimentadas. Las audiencias utilizan las plataformas disponibles para expresarse, y como los resultados indican, esa comunicación tiene como fin atacar a las periodistas. También, estos resultados explican porque el 44,1% de las participantes de este estudio identificó al público como el perpetrador de las amenazas, sin embargo, esa situación será analizada con detalle en la próxima sección.
Las participantes también reportaron otras situaciones. En el caso de Honduras se relacionó con un intento de “clonar mi WhatsApp”; mientras que otras situaciones reportadas por las participantes nicaragüenses incluyen desinformación y obstáculos para investigar, allanamiento al medio de comunicación e intentos de hackeo.
En virtud de la existencia de estas situaciones de riesgo digital, es necesario conocer si las periodistas utilizan, o no, mecanismos de seguridad digital, y este estudio indica que el 60,5% de las participantes no usa ninguna herramienta de seguridad digital. Sin embargo, 45,1% de estas periodistas recibió un curso de seguridad digital. El cuestionario no estuvo diseñado para conocer los temas enseñados en dichos cursos, pero el número de personas que no usa herramientas que les permitan manejar y mejorar su seguridad en la red denota un desconocimiento en esta área.
A pesar de lo anterior, en contraste, el 39,5% de las participantes si utiliza algún tipo de herramienta, pero el uso varía por país. En Nicaragua la herramienta más utilizada son los VPN (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés); en Honduras son los manejadores de claves, mientras que en El Salvador los manejadores de claves y los bloqueadores de publicidad son los más utilizados.
Es notable el hecho de que las herramientas anonimizadoras son las menos utilizadas. Para las periodistas que trabajan con datos, e inclusive con fuentes sensibles, estas herramientas brindan innumerables beneficios., podemos inferir que el desconocimiento de la existencia y funcionamiento de estos instrumentos incide en este resultado, sin embargo, se recomienda realizar más investigaciones al respecto. 
Adicionalmente, hay quienes recomiendan el uso de pseudónimos en redes sociales para mantener la anonimidad, sin embargo, esa no es una práctica común entre las participantes. En efecto, la gran mayoría de las participantes (83,6%) no lo utiliza.
En cuanto a las situaciones de seguridad física, la situación más común en los tres países es el acoso en el lugar de trabajo; empero, el uso del sistema judicial para silenciar periodistas es único de Nicaragua, mientras que la imposición de multas sólo fue reportada en Honduras.
Que el acoso laboral sea la situación experimentada por la mayoría de las participantes indica la existencia de violencia estructural dentro de los medios de comunicación. Estas estructuras suelen estar vinculadas con las dinámicas sociales de cada país, por lo que es importante recordar que la desigualdad que afecta a las mujeres en los países bajo estudio permea sus sitios de trabajo e incide negativamente en sus vidas profesionales y personales. También, el hecho de que solo 8 participantes, de las 12 que lo reportaron, no hayan iniciado el procedimiento legal correspondiente indica la existencia de otras formas de violencia estructural en el sistema judicial, sin embargo, los resultados de este cuestionario nos impiden tener detalles sobre esta situación. 
Acceso a la información pública
Aunque en los tres países existen leyes que garantizan el acceso a la información pública, en el periodo comprendido entre Enero 2020 y Julio 2021, la mayoría de las participantes, que representan el 81,9% del total, experimentaron limitaciones al acceso a la información pública. Esta situación es grave ya que no solo afecta el trabajo de las periodistas, sino que también impide la libre circulación de la información que toda sociedad democrática necesita y el balance informativo hacia la opinión pública de cada país.
Las limitaciones son experimentadas por todas las participantes sin importar el tipo de relación laboral que tienen. Sin embargo, existe una diferencia entre quienes trabajan para un medio de comunicación, para una institución del estado o como freelancers.
En los tres países quienes trabajan para un medio de comunicación o como freelancers tienen mayores posibilidades de experimentar rechazos de solicitudes de información pública y denegaciones de acceso a conferencias de prensa. Por el contrario, para quienes trabajan para una institución del estado, la situación varía. En El Salvador, lo más común son las denegaciones de acceso a representantes del gobierno. En Honduras predominan los rechazos de solicitudes de información pública, y en el caso de Nicaragua, ninguna participante indicó trabajar para una institución del estado por lo que no tenemos datos que puedan ser contratados para esta investigación. 
A pesar de que el acceso a la información pública en sí misma no constituye un riesgo para la seguridad física o digital de las periodistas, las negativas de acceso pueden suponer situaciones de riesgo. Como se comentó anteriormente, las periodistas están sujetas a estructuras de poder que perpetúan la violencia estructural existente en el país, y las denegaciones de acceso a la información pública lo confirman. Aunque desconocemos las causas de cada una de las situaciones reportadas por las periodistas, sus respuestas nos recuerdan la importancia de estudiar este aspecto desde una perspectiva interseccional, y este estudio busca aportar a esa discusión.
Situaciones relacionadas con el COVID-19
Cada uno de los países ha adoptado diferentes medidas para contener la propagación de la enfermedad, en consecuencia, las periodistas han sido afectadas de formas diferentes. Cada persona enfrenta riesgos particulares que son difíciles de medir en un cuestionario, y dada la naturaleza del trabajo de cada periodista, algunas están más expuestas que otras al contagio, por eso, en esta investigación se asumió que todas estaban expuestas al contagio y se consideraron las medidas adoptadas para mitigar los riesgos de contraer el virus, de allí que se consultara sobre los insumos necesarios para evitarlo.
Tal y como sucede en el caso de acceso a la información pública, la condición laboral de las periodistas incidió en las respuestas obtenidas en este estudio. La pregunta incluida en el cuestionario buscaba conocer si el empleador cubría las necesidades de insumos de las periodistas, o, si por el contrario, trasladaba esa responsabilidad a las periodistas. El hecho de que 54,8% de las participantes haya recibido al menos un producto de protección demuestra que los empleadores han tomado medidas para limitar el contagio y proteger a las periodistas.
En los tres países los productos más populares fueron las mascarillas y el alcohol (en gel y/o líquido). Por el contrario, el insumo menos popular fue los productos para proteger los micrófonos. No obstante, es importante destacar que 29,9% de las participantes no recibieron mascarillas, el producto más recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio.
En esta situación se encuentran 25 mujeres periodistas de este estudio que trabajan como freelancer, lo que justifica la apreciación. En el caso de las 28 periodistas restantes, esa justificación no es válida. La investigación no permitió conocer las causas de esta situación, sin embargo, demuestra que en esos casos las periodistas tuvieron que asumir los costos derivados de la adquisición de las mascarillas para desempeñar sus funciones.
Perpetradores y víctimas
Como se mencionó anteriormente, 94,4% de las participantes de este estudio han experimentado ataques o amenazas de forma directa e indirecta. En esta sección se consideran los detalles sobre los perpetradores y las víctimas de dichos ataques.
El cuestionario incluyó una pregunta de selección simple en la cual las participantes debían indicar contra quien fueron los ataques, y 47,5% indicaron que fueron contra ellas. Este mismo grupo, la mayoría señaló que fueron víctimas de ataques verbales (50%) y acoso digital (38%) perpetrado, principalmente, por el público, seguido por representantes del estado (altos funcionarios, policías y funcionarios públicos).
Llama la atención que, de este grupo, los ataques físicos sólo fueron reportados por dos participantes, una nicaragüense y otra hondureña. En el primer caso, los perpetradores fueron funcionarios del estado, mientras que en el segundo caso fue alguien del público. Durante la pandemia las formas de ejercer el periodismo han cambiado, lo que explica porque el número de agresiones físicas sea tan bajo. A pesar de que los resultados de este estudio no son generalizables, estas respuestas apuntan hacia un cambio no sólo respecto a los ataques directos sino también de los perpetradores. 
Adicionalmente, en este estudio se consideraron como ataques indirectos aquellos que estuvieron dirigidos contra las familias de las participantes y contra el medio para el cual trabajan, y los resultados demuestran que 44,1% de las periodistas lo experimentaron. En estos casos, los principales perpetradores también fue el público en general seguido de funcionarios del estado.
Es de resaltar el hecho de que, en tres casos de El Salvador, las periodistas reportaron el uso de trolls y cuentas anonimizadas para realizar los ataques y amenazas. Esta situación debe crear una alerta en cuanto al uso de herramientas digitales automatizadas para crear situaciones que ponen en riesgo a las periodistas, sus familias y a los medios para los que trabajan. Aunque desconocemos la extensión de este problema, estas respuestas indican un área que debe ser investigada con detalle en El Salvador y en la región
En el caso de Honduras, una participante mencionó el uso de “call center del gobierno”. Esta es una situación particular de Honduras de la cual no tenemos mayor información; sin embargo, como en el caso de El Salvador, demuestra el uso de mecanismos y herramientas no tradicionales para amenazar y atacar a las periodistas desde las estructuras internas del gobierno.
En Nicaragua, tres participantes indicaron que los perpetradores fueron “fanáticos”, “afines al gobierno” y “afines a partidos políticos”. Esta situación demuestra cómo la polarización política afecta a las periodistas y las hace propensas a recibir ataques o amenazas (directas o indirectas). A pesar de que esta situación sólo fue reportada por participantes nicaragüenses, estudios y reportes internacionales demuestran que la política y los procesos electorales pueden influir de forma negativa en la seguridad de las periodistas, por lo que es una situación que merece mayor atención y monitoreo en la región.
Otra situación que es interesante es la correlación que existe entre el tipo de empleo, los ataques recibidos y los perpetradores de dichos ataques. Quienes trabajan para un medio de comunicación fueron atacadas en mayor medida por el público, sin embargo, es notable que tuvieron más posibilidades de identificar a los perpetradores de los ataques vividos. En efecto, sólo una participante de El Salvador no pudo identificar al responsable.
Quienes trabajan como freelancer tuvieron menos ataques de representantes del estado. De hecho, ninguna participante en esta condición laboral señaló como perpetradores a representantes de cuerpos policiales ni militares. También, destaca que un número mayor de periodistas tuvo dificultades para identificar a los perpetradores. 
Una situación particular de El Salvador es que quienes trabajan como freelancer, sólo recibieron ataques directos. Las respuestas obtenidas no nos permiten indagar en las situaciones que explican este hecho, sin embargo, podemos inferir que la asociación con un medio de comunicación las hace más visibles y en consecuencia más personas pueden conocer detalles sobre sus vidas privadas, lo que las hace más propensas a recibir ataques indirectos.
La situación de periodistas que trabajan para una institución del estado es mejor. Sólo cuatro participantes (tres de Honduras y una de El Salvador) indicaron haber sido víctimas directas de ataques y amenazas. Lo importante de este grupo, es que tres de ellas señalaron al público en general como el responsable (dos de Honduras y una de El Salvador), mientras que una prefirió no contestar. Ninguna de las participantes nicaragüenses indicó encontrarse en esta condición laboral por lo que no se tienen datos al respecto.
Finalmente, se podría pensar que las periodistas desempleadas no fueron víctimas de ataques, pero 15 participantes (en su mayoría de Honduras) experimentaron ataques directos, y al igual que en los casos anteriores, señalaron al público como el mayor atacante.
De las respuestas consideradas, destaca el caso de una participante hondureña que indicó estar desempleada, fue víctima de acoso laboral y no señaló a ningún perpetrador. Desconocemos los detalles de este caso, sin embargo, es un hecho que denota la existencia de circunstancias que afectan la seguridad física y económica de las periodistas en dicho país. También destaca el hecho de que en Nicaragua ninguna periodista desempleada señaló al público como el responsable de los ataques.
Por último, la mayoría de las periodistas afectadas tiene entre 19-30 años de edad (37,9%), seguido del grupo entre 31-40 años (36,4%). A pesar de que estos datos no son generalizables, reflejan que la edad no constituye una diferencia importante en ninguno de los países considerados. De igual forma, es importante destacar que la edad tampoco manifiesta diferencias notables en los ataques directos e indirectos recibidos por las participantes de este estudio.
Mecanismos de Protección
Una parte importante de la seguridad de las periodistas está relacionada con el uso de los mecanismos de protección existentes en cada país, y con la implementación de las medidas nacionales que garanticen su seguridad. Por lo tanto, esta sección considera de forma general los mecanismos judiciales (administrativos, civiles, penales) y extrajudiciales (bloqueo de usuarios) que pueden ser utilizados por las participantes para impedir la materialización de ciertos riesgos, o solicitar a las autoridades competentes en cada país que inicien las investigaciones correspondientes.
Lo más relevante de esta investigación es que 52,8% de las participantes que experimentaron algún tipo de ataque o amenaza no inició ningún procedimiento. A pesar de que los motivos que explican esta situación van más allá de los objetivos de esta investigación, estos resultados pueden incidir en las estadísticas generales respecto a los casos reportados, e inclusive en las tasas de impunidad en crímenes contra periodistas.
Quienes sí utilizaron alguno de los mecanismos disponibles, prefirieron el bloqueo del usuario en la plataforma correspondiente. De hecho, únicamente 35,8% de las participantes utilizaron este mecanismo. Si bien este procedimiento no permite apertura de investigaciones por parte de las autoridades, ni la imposición de las sanciones correspondientes a los responsables, otorga una protección inmediata a las participantes. Cuando un usuario es bloqueado, no puede interactuar ni ver el contenido publicado en la red social correspondiente, y tomando en consideración que los principales ataques fueron acoso digital y ataques verbales por parte del público, este mecanismo es efectivo para limitar el impacto de la situación en la vida personal y profesional de la periodista que realiza esta acción. Sin embargo, este proceso no permite que el usuario bloqueado entienda que lo que hizo constituye un ataque, ni que cambie sus actitudes, ni que las autoridades conozcan la extensión del problema. 
Siguiendo con los mecanismos extrajudiciales, únicamente tres participantes indicaron el uso de alguno de esos procedimientos. En Honduras una participante indicó que presentó denuncias ante ONGs, sin embargo, no especificó cuáles por lo que no es posible conocer el mecanismo ni las medidas de protección que pudo obtener.
En El Salvador dos participantes iniciaron el procedimiento ante la APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), y a pesar de que no tenemos información disponible sobre la seguridad que este mecanismo puede proporcionar, hay dos situaciones a considerar: La primera es que ninguna manifestó que un colega había sido el perpetrador de la violencia, sino que identificaron al público y altos funcionarios del estado como los responsables, por lo que no es posible determinar qué tipo de procedimiento iniciaron con base en el actor. Lo segundo, es que ambas experimentaron ataques verbales y fueron víctimas de campañas de descrédito, por lo que tampoco es posible conocer qué tipo de protección puede otorgarles APES para disminuir el impacto de esos ataques.
Ahora bien, en lo que respecta a los mecanismos judiciales, únicamente nueve participantes hondureñas indicaron haberlos utilizado. Una de ellas especificó que inició el procedimiento ante la “Fiscalía de Derechos Humanos”, una ante los tribunales administrativos, una ante tribunales civiles, dos ante tribunales penales, y cuatro periodistas presentaron una denuncia ante la policía. Sin embargo, las amenazas y ataques experimentados por cada una de ellas son variados por lo que no es posible indicar con precisión cuál fue la situación denunciada, ni la identificación de los perpetradores de dichos ataques o amenazas.
Adicionalmente, es notable que dos participantes reportaron el uso de otros mecanismos. Una periodista hondureña indicó que inició el procedimiento correspondiente ante la CONADEH (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras), y una periodista nicaragüense indicó que había iniciado el procedimiento “Ante los organismos de derechos humanos”. Su respuesta no especifica si eran nacionales o internacionales, ni judiciales o extrajudiciales.