Un avión sobre una plantacion

Desafíos Ambientales en Costa Rica: La Agricultura Industrial y su Impacto en el Agua.

Autora: Francesca Di Leoni Freer

Costa Rica es conocida por ser la casa de una gran biodiversidad ambiental y recursos naturales, proyectando una imagen de país sostenible, comprometido con la preservación ambiental para las generaciones futuras (Esencial CR, 2023). Sin embargo, tras esta fachada verde, surge un conflicto socioambiental que afecta negativamente las fuentes de agua actuales y futuras, originado por la agricultura industrial. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2018) señala que este enfoque agrícola intensivo ha causado alteraciones significativas en los ecosistemas.

En este escrito se considera que la agricultura industrial en Costa Rica es un problema arraigado, objeto de críticas contundentes debido al conflicto que desencadena. El impacto ambiental negativo generado por sus prácticas, y el uso intensivo de químicos para garantizar la viabilidad económica y la regulación de cosechas es altamente destructivo. Por ejemplo, la incursión de la agricultura industrial de piña comenzó a finales de los años 80 en el sur del país (EJAtlas, 2022). Estas prácticas, mantenidas durante décadas, remontan a una forma de violencia acumulativa.

Esta acumulación de violencia se filtra de manera lenta y progresiva en cada estrato de la tierra, así como en cada estrato social y ambiental. Desde el agricultor que sufre remuneración injusta y exposición a químicos que afectan su salud, hasta comunidades cercanas a cultivos sin acceso a agua potable, familias campesinas desplazadas y afectación de su soberanía alimenticia (EJAtlas, 2022). El estrato ambiental se manifiesta con la explotación y el extractivismo de tierras, deforestación, uso intensivo de agua para el riego, contaminación y erosión del suelo y de los mantos acuíferos; todos estos efectos ambientales provocan la pérdida de biodiversidad (Benites, 2020). Por último, la práctica violenta criticada en este ensayo, el uso excesivo de agroquímicos, debido a su uso constante y persistente en el tiempo, se filtran y avanzan gradualmente, desde la superficie hasta lo más profundo, donde esta violencia se mezcla con el agua que abastece a las comunidades costarricenses.

El problema de la agricultura industrial es que las consecuencias de sus acciones tardan en ser notorias. La violencia acumulativa planteada en la crítica puede explicarse mediante los estudios de Nixon (2011), quien presenta el concepto de violencia lenta, haciendo referencia a una destrucción retardada. Este concepto describe un proceso en el tiempo y el espacio que es gradual, acumulativo y exponencial (Navas Mingorría y Aguilar 2018).

Esta forma de violencia puede permanecer invisible, no perceptible al ojo humano hasta que las consecuencias acumulativas sean visibles (Nixon 2011). Por lo que la resistencia a la agricultura industrial y sus prácticas en el uso de agroquímicos solo toma forma cuando los impactos son perceptibles.

Sin embargo, la agricultura industrial, con sus prácticas violentas amenaza las fuentes hídricas, se estima que el 75% de estas son altamente vulnerables (Valverde, 2013). Esta violencia silenciosa y progresiva, perpetrada en nombre del progreso económico y la producción de alimentos, deja un rastro en el agua. Pero Costa Rica aparenta tener un amplio acceso a agua potable. La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación sitúa a Costa Rica entre los países con mejor acceso a agua para su población, además, en el informe ambiental del 2022 elaborado por Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Decimocuarto Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible indican que el 98,2% de la población en Costa Rica tiene acceso a agua potable, y el 60% de las fuentes de agua son subterráneas (Valverde, 2013).

Agregado a lo anterior, en el marco jurídico de Costa Rica, existe la Política Regulatoria sobre el acceso al agua potable y saneamiento de aguas residuales, que reconoce el derecho humano al acceso al agua potable como un bien esencial para la vida (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica, 2020). También se encuentra el reglamento para la calidad del Agua Potable, reconoce el agua como esencial para el derecho a la salud y advierte sobre los impactos negativos de sustancias químicas en la salud y los ecosistemas. Tiene como objetivo establecer límites para parámetros químicos en el agua con el fin de garantizar la seguridad y la salud de la población (Poder Ejecutivo de Costa Rica, 2015). Por lo que se puede entender que la normativa vela por una protección a este recurso, sin embargo continúan las prácticas agrícolas que provocan su contaminación.

Por ende, el uso violento de agroquímicos es preocupante, Costa Rica es uno de los  mayores consumidores por hectárea a nivel mundial (PNUD, 2022). Entre 2012 y 2020, se utilizaron en promedio 34.45 kg de plaguicidas por hectárea, equivalente a una exposición anual de 74 kg para los trabajadores agropecuarios, y actualmente se utilizan 20 de los 22 plaguicidas más peligrosos del mundo (PNUD, 2022). En el 2022 se identificaron 127 plaguicidas registrados para uso en campos agrícolas, considerados altamente tóxicos (Ramírez, 2023). Su uso, especialmente en monocultivos como piña, plátano, cacao y café destinados a la exportación, contribuye al deterioro del ecosistema (EJAtlas, 2023).

Es relevante señalar que la resistencia a esta práctica ya está presente, y sus consecuencias en Costa Rica son evidentes en la contaminación de las fuentes de agua. Cabe mencionar el agroquímico Clorotalonil, prohibido en 32 países, su uso es peligrosamente permitido en Costa Rica (Ramírez ,2023). Según datos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, se ha identificado como contaminante del agua en el lago Arenal, la cuenca del río Suerte, el área de conservación Tortuguero, plantaciones bananeras en el Valle de la Estrella, el río Sarapiquí, nacientes y pozos cercanos a cultivos de piña en Pocora y Siquirres, así como en aguas superficiales en Poás de Alajuela (Ramírez, 2023). Recientemente en Cipreses de Oreamuno y Pacayas de Cartago, ha contaminado nacientes destinadas a abastecer comunidades (García, 2022). Otro caso es el Humedal Nacional Térraba Sierpe, con trazas de Bromacil provenientes de cultivos de piña en la cuenca alta del río Grande de Térraba, en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, transportadas por sedimentos y agua hasta el Humedal (O’neal, 2017). Estos hallazgos exponen la preocupante contaminación del agua por agroquímicos en diferentes regiones del país.

De igual forma, es importante reconocer que algunos defensores de la agricultura  industrial consideran que estas prácticas intensivas son necesarias para alimentar a la creciente población mundial. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), en 2011, elaboró un documento sobre la “Comercialización de Agroquímicos en Costa Rica”. Este documento, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, busca establecer mecanismos que fortalezcan la competitividad en el sector agrícola, reduzcan los costos en el mercado de agroquímicos, por ende, disminuyan los costos en la producción de alimentos.

Conscientes de que los agroquímicos no son la única variable que influye en la competitividad, plantean la idea de que sí desempeñan un papel importante en la productividad por hectárea (MEIC, 2011). Al analizar el documento, se menciona que es reconocido mundialmente el uso de agroquímicos para mejorar o proteger los cultivos: “Los fertilizantes se aplican para obtener buenos rendimientos de cultivos, y los plaguicidas para combatir oportunamente plagas que afectan los cultivos. Gracias al desarrollo de los agroquímicos, se ha abastecido la demanda de alimentos de la creciente población mundial” (MEIC, 2011).

Esta visión sostiene que la eficiencia en la producción de alimentos a gran escala es necesaria para satisfacer la creciente demanda mundial y garantizar la seguridad alimentaria. No obstante, al analizar esta postura, surgen dudas sobre si los beneficios económicos inmediatos superan los costos a largo plazo para el ambiente, dado que, como se mencionó, las prácticas de la agricultura industrial son violentas para los ecosistemas. A pesar de esta producción intensiva de alimentos, el mundo sigue enfrentando problemas de inseguridad alimentaria. Es destacable que se produce suficiente alimento para la población mundial; no obstante, persiste la falta de igualdad en el acceso; varios factores inciden en la distribución desigual de alimentos, como la desigualdad, las decisiones sobre qué cultivar, el desperdicio, el comercio, la volatilidad de los precios y el cambio climático (Sylvester, 2020).

Asi mismo, en este ensayo no se valora como solución el uso de agroquímicos, es por ello que se debe reestructurar y cambiar la forma de cultivo, regular las prácticas de la agricultura industrial, limitar el uso de químicos tóxicos para el medio ambiente y el ser humano, y analizar cómo cada práctica humana repercute a corto y largo plazo en el ambiente antes de implementarla.

En conclusión, la agricultura industrial, marcada por el uso intensivo de agroquímicos y prácticas insostenibles, ha creado un presente y futuro preocupante para la salud del medio ambiente, amenazando los mantos acuíferos de los que dependen innumerables ecosistemas y el ser humano. Costa Rica no solo debe tener una de fachada verde; debe dejar de aparentar. Es crucial reevaluar las prioridades y promover prácticas agrícolas más equitativas y respetuosas para salvaguardar el ambiente, garantizar el cumplimiento y protección de los derechos al disfrute de un medio ambiente sano y al acceso a agua potable. De esta manera, se asegura un futuro sostenible para las generaciones venideras.

LISTA DE REFERENCIAS

BIO DE LA AUTORA

Francesca Di Leoni Freer es Dra. en Medicina y Cirugía, MBA en Estrategias de Liderazgo y Gestión de Emergencias y egresada del Master en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo de la Universidad para La Paz. Tiene una gran pasión por trabajar en mejorar la salud de las comunidades, en la gestión de riesgos y emergencias y sobre todo, en trabajar por los derechos humanos de las comunidades. Francesca tiene un compromiso personal con la salud y el bienestar de las personas.

TODAS LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE ARTÍCULO CORRESPONDEN A LA AUTORA Y BAJO NINGÚN MOTIVO PUEDEN CONSIDERARSE CÓMO REPRESENTATIVAS DE LA POSICIÓN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ

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