JUSTICIA TRANSICIONAL PARA MALÍ: ¿EL IMPASE?
Autor: Odette Pires
Traducido al español por Florencia Prieto
Desde hace ocho años, Malí ha sido escenario de una serie de conflictos armados que involucran a múltiples actores locales, regionales e internacionales que se enredan cada vez más en un callejón sin salida. Las partes interesadas, incluyendo Francia, Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, han involucrado en una situación en la que las crecientes insurgencias entre el norte y el sur de Malí podrían haber afectado la región de África occidental. La implementación de la MINUSMA, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí, apoyó la firma de un acuerdo de paz que se logró en 2015, así como una “hoja de ruta de transición” que incluyó medidas de justicia. Para las Naciones Unidas, la justicia transicional es la gama completa de procesos y mecanismos asociados con el intento de una sociedad de superar un legado de abusos pasados cometidos a gran escala, a fin de garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación (UNSG, 2010, p.2). La futura apertura de un juicio en la Corte Penal Internacional contra un presunto autor de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Tombuctú durante los primeros años del conflicto, parece contribuir a esta justicia transicional. Luego de explicar brevemente lo que ha sucedido en Malí desde 2012, exploraré específicamente cómo la justicia transicional ya ha sido utilizada, por qué y qué mecanismos se aplicarán.
El conflicto reciente en Malí comenzó en 2012, cuando un grupo rebelde de la etnia Tuareg reivindicó su independencia, así como la parte norte del país, atacando varias ciudades y fuerzas del ejército. Ya desde febrero de ese año, un artículo del New York Times explicaba que los Tuareg estaban fuertemente armados luego de heredar un extenso arsenal del coronel Muammar el-Qaddafi anunciando entonces “la amenaza más seria de los Tuareg”. Un mes más tarde, el gobierno del presidente Amadou Toumani Touré fue derrocado por su propio ejército por “manejar mal” la rebelión. Por su parte, en abril de 2012 los rebeldes proclamaron al norte como un estado independiente llamado Azawad, e impusieron una estricta aplicación de la ley islámica. A nivel internacional, Naciones Unidas aprobó en diciembre de ese año una resolución que enviaría tropas africanas para ayudar a Mali sin intervención militar. En enero de 2013, fue Francia quien envió tropas de su ejército para intervenir en el suelo de su antigua colonia The Guardian informó que Francia lo hizo "para salvaguardar la existencia de Malí" y porque el país vecino de Malí, Níger, es "la principal fuente de uranio que tiene Francia para su industria nuclear". En todo caso, el apoyo del ejército francés a las fuerzas de Malí participó en la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno de Malí y los Tuareg el 18 de junio de 2013. Mientras tanto la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) fue establecida por la resolución del Consejo de Seguridad “para apoyar los procesos políticos” en ese país y “llevar a cabo una serie de tareas relacionadas con la seguridad”. En 2015, Malí firmó un alto el fuego de la ONU para poner fin al conflicto con los rebeldes del norte. Sin embargo, las emboscadas continuaron en el norte del país y pasaron años con la presencia restante de tropas francesas acompañadas luego de otras fuerzas europeas y africanas. En los informes anuales, Human Rights Watch (HRW) describió desde 2015 hasta hoy el número creciente de actores internacionales (la UE en el sector de la formación y la seguridad, la CEDEAO en el apoyo económico contraterrorismo, Francia y los EE. UU. en asuntos militares, etc.), pero también el aumento de la participación de grupos armados en el norte de Mali (Ansar Dine, Al Qaeda, AQMI, MUJAO). Lo que HRW describió en 2017 como una situación de “no guerra no paz”,el Secretario General de la ONU, António Guterres, dos años después, en diciembre de 2019 se refirió “nuestra misión más peligrosa”.Se han sufrido muchas pérdidas en las fuerzas de paz de la ONU, así como en la sociedad maliense. Además, durante este período de crisis de 8 años, cientos de miles de personas han huido a los países vecinos y, , según MSF Sudáfrica,más de un millón dentro de Mali han necesitado ayuda urgente.
Se solicitó a la MINUSMA, Instituida el 25 de abril de 2013: “apoyar a las autoridades transicionales de Malí en la estabilización del país”. En el sitio web de la MINUSMAse detallan dieciséis grupos de actividades que involucran entre otras otras medidas de justicia. El restablecimiento de la justicia y del estado de derecho en las sociedades que salen de un conflicto es importante y urgente, no solo para superar los abusos del pasado, sino también para promover la reconciliación nacional y ayudar a prevenir la reincidencia en el conflicto (Resolución UNSC / UNGA , 2006, párrafo 1). Por lo tanto, bajo la Sección de Justicia y Correcciones de la MINUSMA, el personal de mantenimiento de la paz de la ONU ha desarrollado una estrategia y actividades clave para restablecer el estado de derecho. Se ha elaborado una lista de diez actividades, desde la capacitación y asistencia técnica de jueces hasta el apoyo a la organización de inspecciones judiciales. Además, la Sección "trabaja en estrecha colaboración" con la División de Derechos Humanos y la Unidad de Género apoyando a las autoridades de Malí "en el ámbito del enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad". Al mismo tiempo, Malí y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito trabajan juntos para "fortalecer las medidas de justicia penal contra el terrorismo". El Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) sostiene que, para ser eficaz, la justicia transicional debe incluir varias medidas que se complementen entre sí (Herrmann, 2012, p. 90). Luego, en 2014, después de un intento inicial que resultó en la disolución de una Comisión de Diálogo y Reconciliación, el gobierno de Malí creó en 2014 la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación para examinar no solo la violencia de 2012 sino incluso de 1960, “para apuntar a la reconciliación y a la comprensión de las causas fundamentales”. Como alternativa al enjuiciamiento penal ante órganos judiciales, algunos Estados han optado por abordar los delitos cometidos durante una guerra o disturbios civiles a través de las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación (Zgonec-Rožej et al., 2010, p. 76). Estas Comisiones son valiosas para “establecer un registro histórico y recomendar acciones correctivas” y para adoptar “un enfoque centrado en las víctimas” (UNSG, 2004, párr. 17). Funcionando hasta la fecha, la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación, según HRW"ha tomado más de 14 000 declaraciones de víctimas y testigos", pero la ONG agrega que "su credibilidad se vio debilitada por la inclusión de miembros de grupos armados y la exclusión de representantes de las víctimas". En un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en Malí, publicado en junio de 2018, se indicó con respecto a la Comisión de la Verdad que “no se avanzó en el juicio de Sanogo ni en los juicios de los presuntos autores de violencia sexual relacionada con el conflicto en 2012 y 2013” (CSNU, 2018, párrafo 40). De hecho"ha tomado más de 14 000 declaraciones de víctimas y testigos", pero la ONG agrega que "su credibilidad se vio debilitada por la inclusión de miembros de grupos armados y la exclusión de representantes de las víctimas". En un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en Malí, publicado en junio de 2018, se indicó con respecto a la Comisión de la Verdad que “no se avanzó en el juicio de Sanogo ni en los juicios de los presuntos autores de violencia sexual relacionada con el conflicto en 2012 y 2013” (CSNU, 2018, párrafo 40). Amnistía Internacional destacó que "aunque esta decisión está en consonancia con los derechos de la defensa, este hecho no debe ensombrecer la obligación de las autoridades de juzgar a los sospechosos sin más demora por sus presuntos delitos". Además, esto puede reforzar la percepción que los malienses tienen de la palabra reconciliación “como un disfraz de impunidad”, como la describe el ICTJ,y que recordó la misma crítica principal contra la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 1995 de Sudáfrica (Informe TRCSA, Volumen 1, párrafo 3).
El uso del derecho internacional también ha sido una opción explorada para participar en la justicia transicional en Malí. En julio de 2012, el gobierno de Malí decidió remitir su situación a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos. Los tribunales internacionales están en una situación ideal para restaurar y reconciliar porque sus casos involucran personas de alto perfil y su escenario es global, elevándose por encima de la política nacional y las tensiones étnicas locales (Burke-White & Bibas, 2010, págs. 652-653). A menudo denominada Corte de “último recurso”, la CPI se estableció en 2002 con la ratificación de su texto fundacional, el Estatuto de Roma, por sesenta estados, incluido Malí. La CPI es una institución permanente y tendrá la facultad de ejercer su jurisdicción sobre las personas por los crímenes más graves de interés internacional, según se refiere este Estatuto, y será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales (Estatuto de Roma, 1998, artículo I). La CPI interviene cuando el Estado no está dispuesto o no puede investigar y procesar. Tiene jurisdicción sobre cuatro crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Luego, comenzando su investigación en Malí a partir de enero de 2013, el Fiscal de la CPI emitió un Informe del Artículo 53 (1) donde se enumeraban varios elementos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2015 se emitió la primera orden de arresto y el Sr. Ahmad Al Faqi Al Mahdi fue trasladado a La Haya. Acusado del crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra monumentos históricos y edificios dedicados a la religión en Tombuctú, el Sr. Al Mahdi se declaró culpable y fue condenado a nueve años. Fue la primera vez que se emitió un juicio sobre la destrucción del patrimonio cultural como elemento de un crimen de guerra. Más recientemente, en marzo de 2018, el Sr. Al Hassan Ag Abdoul Aziz también fue trasladado a La Haya justo después de la emisión de una orden de detención por ser sospechoso de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Tombuctú entre 2012 y 2013. Durante las audiencias de confirmación de cargos en julio de 2019, la Fiscalía identificó al Sr. Al Hassan como presunto miembro de Ansar Dine y comisario de facto de la policía islámica, mientras que su Abogado Defensor Principal lo definió como un "pez pequeño”.Sesenta días después, se confirmaron los cargos y el juicio supuestamente comenzará el 14 de julio de 2020. Aunque “la CPI es un respaldo para los gobiernos nacionales solo dentro de la categoría de atrocidades limitada” (Bibas & Burke-White, 2010, p.647), el Tribunal de “último recurso” envía una fuerte señal para luchar contra la impunidad en Malí. Los juicios penales pueden jugar un papel importante en contextos de transición. Pueden proporcionar una forma directa de rendición de cuentas a los autores y garantizar una medida de justicia para las víctimas, dándoles la oportunidad de ver cómo se hace responder a sus antiguos torturadores por sus crímenes (CSNU, 2004, párrafo 39). Paralelamente a los acontecimientos de la CPI, el Secretario General de la ONU nombró en enero de 2018 a miembros de una Comisión Internacional de Investigación para Malí para investigar “graves violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos”. Las Comisiones de investigación han hecho una serie de recomendaciones más amplias sobre medidas no judiciales, incluida la búsqueda de la verdad, las reparaciones y la reforma institucional (CSNU, 2011, párr. 25).
Después del alto el fuego firmado en 2015, Malí atravesaba una transición para reconstruir su sociedad y, entre otras prioridades, restablecer el estado de derecho. Se tomó una serie de medidas esencialmente con las operaciones de la MINUSMA, la cooperación de la UNODC con el gobierno de Malí, la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación, la intervención de la CPI y la comisión de investigación de la ONU. La combinación de estas medidas judiciales determina lo que Boraine y Valentine denominaron “los cinco pilares clave de un enfoque holístico”: rendición de cuentas, recuperación de la verdad, reconciliación, reparaciones y reforma institucional (en Herrmann, 2012, p. 92). En el informe de 2004 sobre el estado de derecho y la justicia transicional en sociedades en conflicto y posconflicto, el Secretario General de la ONU enfatizó la importancia de “coordinar esfuerzos”. “Fuera de las Naciones Unidas, un número aún mayor de actores está involucrado en este trabajo [justicia transicional]. En tales circunstancias, la coordinación efectiva es especialmente importante”, escribió. El Secretario General advirtió que “la intervención descoordinada de la comunidad internacional puede tener el efecto de distorsionar las agendas de justicia nacional, desviar el valioso tiempo de los actores del sector de la justicia nacional y consumir valiosos recursos de desarrollo”. En el caso de Malí, hemos visto que los mecanismos aplicados son adecuados, aunque pueden ser limitados. Una mejor coordinación entre ellos es una guía para profundizar, y el enjuiciamiento interno es sobre todo una iniciativa que debe fomentarse; debería ser el primer recurso. El papel de las Naciones Unidas y la comunidad internacional debe ser de solidaridad, no de sustitución (CSNU, 2004, párrafo 58). Sin embargo, una herramienta judicial para Malí todavía no se ha explorado: la creación de un tribunal ad-hoc o híbrido. Tiene la ventaja de centrarse en la situación y, por lo tanto, es eficaz en liderar varios casos utilizando activos nacionales e internacionales. También representa una solución concreta en una situación que se ha vuelto cada vez más compleja a lo largo de los años. Supuestamente, siendo una sociedad post-conflicto después de 2015, Malí nunca se ha detenido a presenciar enfrentamientos, crímenes y pérdidas. El reciente resurgimiento de la violencia, la inestabilidad política y ahora la participación de numerosos actores internacionales plantean preocupaciones para el futuro.
Lista de Referencias
Bibas, S., Burke-White, W., International Idealism Meets Domestic-Criminal-Procedure-Realism, 2010. Duke Law Journal, Vol. 59, No.4 (January 2010), pp. 652-653, p.647.
Herrmann, J., Critical Analysis of the Transitional Justice Measures Incorporated by Rwandan Gacaca and Their Effectiveness, 2012, James Cook University Law Review 19, pp.90-92.
Rome Statute, done at Rome on 17 July 1998, in force on 1 July 2002, United Nations, Treaty Series, vol.2187, No.38544, Depositary: Secretary-General of the United Nations. Part I, Article 1.
Truth and Reconciliation Mechanism South Africa: Final Report. Volume 1, paragraph 3.
UNSC/UNGA Resolution “Uniting our strengths: Enhancing United Nations support for the rule of law”. A/61/636-S/2006/980 14 December 2006. Introduction, paragraph 1, p.3.
UNSC, Situation in Mali, Report of the Secretary-General, S/2018/541. 6 June 2018. Section IV, paragraph 40, p.8.
UNSC, The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies. S/2004/616 23 August 2004. Section VII, paragraph 17, p. 7. Section XII, paragraph 39, p.13. Section XVII, paragraph 58, pp. 18-20.
UNSC, The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies. S/2011/634 12 October 2011. Section IV, paragraph 25, p. 8.
UNSG Guidance Note on the United Nations Approach to Transitional Justice, 2010, p.2.
Zgonec-Rožej et al., Manual of International Criminal Law, 2010. International Bar Association Huma Rights Institute (IBAHRI). Truth Commissions, p.76.
Biografía del autor
Odette Pires nació y creció en Francia, donde sus padres emigraron de Portugal. Por lo tanto, se considera una ciudadana francesa con fuertes raíces portuguesas y ciudadana europea. Tras graduarse en periodismo en París, trabajó durante ocho años en una emisora de radio pública nacional francesa y para productoras de televisión antes de incorporarse en 2016 a la Corte Penal Internacional (CPI), donde forma parte de su Sección de Información Pública y Difusión. Especializada en producción audiovisual, Odette sigue todos los procedimientos judiciales de la CPI y produce resúmenes escritos diarios y guiones en beneficio de las estaciones de radio y televisión de todo el mundo en los dos idiomas de trabajo de la Corte, inglés y francés. También cubre las actividades paralelas de la CPI y los eventos públicos en la filmación y edición de videos que luego se cargan y divulgan a través de las redes sociales con miras a fomentar una mejor comprensión de la Corte. Odette también ofrece presentaciones en tres idiomas a los numerosos grupos de visitantes, principalmente abogados y estudiantes universitarios de todo el mundo, que vienen a visitar las instalaciones de la CPI en La Haya, Países Bajos. Desde hace un año también realiza una maestría en Paz Sostenible en nuestro Mundo Contemporáneo en la Universidad de la Paz en Costa Rica.
Puede ser contactada en odete.pires@gmail.com
