LA APATRIDIA EN REPÚBLICA DOMINICANA: UN DESAFÍO PARA ALCANZAR LA PAZ
Autora: Micely Díaz Espaillat
Traducido al español por Silvana Gordillo González
El 23 de septiembre de 2013 marcó un hito en la legitimación del racismo institucional en República Dominicana. La Corte Constitucional Dominicana, órgano supremo para la interpretación y el control de la constitucionalidad, dictó la Sentencia 168-13,desnacionalizando más de 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana (IACHR, 2015).
Como antecedente, en 1998 se presentó ante el Secretariado de la Corte el caso de las niñas Yean y Bósico, a quienes el Estado Dominicano les negó el acceso a la nacionalidad dominicana a pesar de haber nacido en territorio dominicano y que la Constitución establece el principio de jus soliEn el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Dominicano por negar la emisión de certificados de nacimiento a dominicanos de ascendencia haitiana.
Relatores especiales de las Naciones Unidas pidieron al Estado Dominicano respetar el derecho a la nacionalidad en 2007 (Díaz, 2016). En contraste, la Junta Central Electoral, un organismo autónomo encargado de las elecciones y la regulación de los actos de estado civil de los dominicanos, expidió la Circular No. 17exigiendo a las Oficinas de Registro Civil que revisen todas las solicitudes en búsqueda de copias de certificados de nacimiento de los individuos cuyos padres han tenido un estatus migratorio irregular.
En diciembre del mismo año, la Circular No. 17 fue reemplazada por la Resolución No. 12-2007Esta resolución suspendió la emisión de copias de certificados de nacimiento que parecían defectuosas o hechas incorrectamente. El Estado Dominicano ha implementado una serie de medidas legales-administrativas arbitrarias y retroactivas con respecto al acceso a la nacionalidad para las personas de ascendencia inmigrante, violando este y otros derechos humanos, tales como el acceso a los servicios de salud, trabajo y educación, y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la dignidad humana, la integridad personal y la libertad de movimiento, entre otros (IACHR, 2015).
Belique (2018) expresa que la Sentencia es un “genocidio civil peor que la muerte física; fue como la muerte en vida” (p. 182). Este ensayo ilustrará los desafíos mas significativos para alcanzar la paz que enfrentan los dominicanos de ascendencia haitiana. Mencionará las iniciativas implementadas por el movimiento social no violento llamado Reconocido para proteger los derechos humanos. Para concluir, se sugerirá un camino crítico para alcanzar la construcción de paz.
Desafíos para la Paz
La Sentencia 168-13 abrió la caja de Pandora que promovió el odio ya existente e incitó la violencia hacia los haitianos y sus descendentes, aumentando su vulnerabilidad y creando ciudadanos de segunda clase quienes podían ser explotados (Díaz, 2016). Este caso presenta desafíos múltiples e interdependientes para alcanzar la paz ya que dificulta a los afectados el acceso a sus derechos políticos y civiles, viola su seguridad, bienestar, identidad y libertad, al tiempo que impide su pleno desarrollo y autonomía (ver Galtung, 1990b).
La privación de los derechos fundamentales por apatridia afecta la construcción de la paz dado que rompe el vínculo entre la persona y el Estado, el bienestar de los ciudadanos es anulado, y la identidad social es puesta en riesgo. La exclusión sufrida por los apátridas impide su desarrollo humano, limitando sus oportunidades y condiciones de vida, afectando negativamente la posibilidad de la cohesión social, la paz y el sentido de pertenencia.
De acuerdo con una encuesta nacional de inmigración, el 80.9% de los descendientes de inmigrantes en República Dominicana no tienen seguro médico (ONE, 2017). No tener una tarjeta de identificación afecta varios trámites civiles y legales como abrir una cuenta bancaria, casarse legalmente, entrar a la universidad, obtener un trabajo formal, registrar hijos, votar, ser elegido, tener un pasaporte, e incluso presentar una denuncia formal antes las autoridades (Díaz, 2016). Belique (2018) afirma que incluso los actos simples como tener un celular son imposibles.
Uno de los desafíos principales para la paz en este caso es el sentimiento anti-haitiano que persiste en República Dominicana, históricamente fomentado por las élites económicas y políticas. El antihaitianismo hace referencia a una actitud maliciosa, intolerante y ofensiva hacia los haitianos y sus raíces africanas (Díaz, 2017). El antihaitianismo ha creado un escenario en el que no se distingue a los haitianos de los dominicanos de ascendencia haitiana, y su presencia es considerada una amenaza contra la nación (Moseley-Willians, 2004; Díaz, 2017).
Paradójicamente, la importación de la mano de obra haitiana es promovida por la misma élite que asegura sentirse amenazada por su sola presencia. La economía de los sectores de la agricultura, el comercio y la construcción dependen de la mano de obra haitiana; su contribución es aproximadamente el 7% del PIB (ONE, 2012; ONE, 2017). Como afirma Moseley-Williams (2004), los haitianos son necesarios, pero no deseados.
La apatridia encontró eco en los sectores ultranacionalistas, reproduciendo una ideología racista y un entorno hostil en contra de las personas afectadas (Díaz, 2016; Curiel, 2019). Muchos grupos antihaitianos consideraron la apatridia como una medida justa para proteger la identidad dominicana. En el imaginario dominicano, las raíces dominicanas son principalmente europeas, mientras que la negritud es exclusiva de los haitianos, generando también sentimientos negrofóbicos hacia los dominicanos negros además de los haitianos y sus descendentes.
El derecho a la identidad es esencial para alcanzar la paz. Abdalla y Sender (2019) argumentan que “la identidad se vuelve problemática cuando no es reconocida, vista como inferior o amenazada” (p. 37). Los dominicanos de ascendencia haitiana son forzados a cuestionar su identidad diariamente, afectando la formación de su identidad personal y colectiva.
A pesar de que el Estado Dominicano alega que ellos son haitianos, ellos sienten que son dominicanos. Una persona afectada expresó, “mis padres son extranjeros, pero yo soy de aquí” (Civolani, 2011, p.25). Algunas veces, son forzados a sentir vergüenza o a esconder sus orígenes. Los dominicanos de ascendencia haitiana tienen rasgos culturales de ambos países, y a pesar de que su ascendencia es haitiana, la mayoría no conocen Haití. En muchos casos, los lazos familiares con aquellos que viven en Haití se han roto por el tiempo y la distancia (Curiel, 2019).
La paz en este contexto continuará presentando desafíos mientras actitudes xenofóbicas y leyes discriminatorias amenacen su identidad multicultural, impactando negativamente sus afectos, relaciones humanas, sentido de pertenencia y la búsqueda de la felicidad. La depresión, ideas de suicidio y dolor profundo son algunos de los sentimientos mencionados por las personas afectadas (Díaz, 2016, Curiel, 2019, Reconocido, 2018).
Por ejemplo, una mujer joven asegura que ya no podía aguantar más las lágrimas y comenzó a llorar cuando su certificado de nacimiento fue anulado. Ella “ya no sabía que hacer, e incluso pensó en suicidarse” (Reconodico, 2018, p.76). Civolani (2011) argumenta que “cada uno de los episodios de discriminación, rechazo y negación son parte de su memoria y les dificulta avanzar en cualquier área de sus vidas” (p.74).
Estos traumas son luego trasmitidos a la descendencia de los afectados, creando un trauma intergeneracional prolongado. Sentimientos de frustración han desencadenado conflictos familiares, dando lugar a discusiones acaloradas, acusaciones y sentimientos de culpa, debilitando lazos familiares y fomentando la violencia directa (Civolani, 2011; Curiel, 2019).
Civolani (2011) encontró que la apatridia puede tener “implicaciones emocionales que han llevado a problemas familiares e interpersonales” (p. 73). Una mujer peleó con su madre y le preguntó “¿por qué diablos te viniste a este maldito país del demonio? Los haitianos van a todas partes. ¿Por qué no te fuiste a cualquier otro lugar? (Curiel, 2019, p. 119).
Galtung (1990a) afirma que “la principal manifestación de la violencia cultural de las élites dominantes es culpar a las víctimas de violencia estructural y acusarlas de agresión” (p. 156). En este caso, las víctimas se acusan las unas a las otras ignorando la responsabilidad de la opresión sistémica que los rodea.
La búsqueda por una explicación puede terminar en acusación, ira y culpa entre parientes. Incluso en los casos en los que los hijos no culpan a sus padres, la culpa de los padres persiste. Una persona afectada expresó lo siguiente: “Nunca sentí que mis padres fueran culpables. [Sin embargo] ellos así lo sentían. Mi madre, pobrecita, en algún momento dijo que era su culpa” (Civolani, 2011, p. 39).
Un proceso de perdón, reconciliación y justicia restaurativa parece urgente para ayudar a establecer relaciones familiares más armoniosas. No obstante, la reconciliación se verá afectada hasta que el derecho a la nacionalidad sea garantizado. La violencia directa no se limita al entorno familiar. Las personas afectadas han sido víctimas de represión policial War and arrestos. La CIDH (2015) reportó “deportaciones arbitrarias y expulsiones colectivas de dominicanos negros” (p.13).
El evento más reciente ocurrió durante una protesta pacífica en contra del racismo en solidaridad con el movimiento “Black Lives Matter” por el asesinato de George Floyd. La policía arrestó protestantes antirracistas sin ninguna razón. Los ultranacionalistas también estaban presentes en el evento y empezaron a gritar comentarios racistas en contra de los protestantes. Sin embargo, la policía apoyaba y protegía a este grupo, lo que demuestra cómo las necesidades de libertad aún están siendo violadas a través de procesos de detención y represión (ver Galtung, 1990a).
Por lo tanto, las iniciativas para la construcción de paz necesitan asegurar que los agentes de la policía nacional y las autoridades de inmigración dejen de reproducir ataques violentos en contra de los dominicanos negros. Mas allá, muchos dominicanos de ascendencia haitiana también han sido víctimas de abuso en las escuelas por parte de sus profesores y compañeros. La educación dominicana promueve la idea de que todo lo que proviene de Haití es terrible.
Una de las personas afectadas relata que sus compañeros solían golpearla en la escuela y burlarse de ella por ser hija de haitianos (Reconocido, 2018). No obstante, la escuela puede también convertirse en un espacio seguro de aprendizaje si la construcción de paz es promovida a través de la inclusión, respeto por la diversidad e interculturalidad. Por consiguiente, aunque las escuelas pueden representar un desafío en el logro de la paz, también ofrecen una oportunidad para promoverlo. El derecho a la educación y el acceso a un trabajo digno son fundamentales para alcanzar la transformación de paz, la construcción de paz y la cohesión social.
En el 2014, el Estado expidió la Ley de Naturalización 169-14 por presión internacional y alegó que la apatridia se había resuelto. Esta Ley considera a las personas desnacionalizadas como extrajeras y asume que el Estado Dominicano cometió un “error” al inscribirlos en el registro civil. Reconocido declaró recientemente que la Ley había sido un fracaso y que las personas sentían que tenían menos derechos de los que tenían antes de la Ley (ver Acento, 2021).
Belique (2018) se refiere a la Ley como discriminatoria y que el Estado ha logrado “neutralizar política y legalmente a esos que luchan para reclamar sus derechos” (p.186). En este sentido, la violencia institucional del Estado representa el desafío más crítico para alcanzar la paz. Dado que el derecho a la nacionalidad es un prerrequisito para otros derechos, el reto más grande para lograr la paz es la restitución de la nacionalidad y la certeza de que una situación similar no ocurrirá jamás en el futuro. Hasta que la Sentencia 168-13 no sea revocada, no se alcanzará la paz.
SEÑALES DE RESISTENCIA
La resistencia no violenta emergió de la desnacionalización creada por el Estado Dominicano. Reconocido es un movimiento social de dominicanos jóvenes de ascendencia haitiana que lucharon por el derecho a la nacionalidad. Ellos han promovido la construcción de paz entre los afectados y han contribuido a la construcción de redes de apoyo, sentimientos de pertenencia y apoyo grupal.
Civolani (2011) condujo entrevistas a profundidad con personas afectadas y pudo verificar “la importancia del conflicto como palanca para el cambio y la transformación positiva” (p.65). Reconocido ha denunciado la violación de los derechos humanos a través de acciones no violentas durante los últimos diez años. Su activismo ha consistido en la creación de conciencia a través de la formación en derechos humanos y el empoderamiento de las personas (para más detalles ver el documentalHasta la Raíz”).
Reconocido ha creado grupos de reflexión en muchos bateyes, protestas no violentas, marchas al Palacio Presidencial, vigilias, y ha recolectado datos sobre el número de víctimas. Con el apoyo de donantes internacionales y organizaciones religiosas, Reconocido ha ofrecido ayuda psicológica, asistencia médica, acciones legales y abogado con actores estratégicos, tomadores de decisiones y medios de comunicación.
Muchas personas afectadas alegaron que, aunque la Sentencia suspendió sus vidas, Reconocido les da esperanza (Reconocido, 2018, Díaz, 2016). Reconocido presentó una petición en contra del Estado Dominicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la Convención Americana en 2013. Esta petición simbolizó la esperanza de muchas víctimas apátridas.
Varias agencias de Naciones Unidas y docenas de países han condenado la Sentencia como discriminatoria y han ayudado a que las personas afectadas se sientan apoyadas (Díaz, 2016). Varias organizaciones de la sociedad civil, como MUDHA, Centro Montalvo, One Respey MOSCTHA se han convertido en espacios seguros llenos de esperanza y lucha comunitaria que facilitan la reflexión y empoderan a las personas para defender sus derechos humanos (Wooding & Moseley-Williams 2004).
Reconocido ha continuado su lucha a través de la recaudación de fondos, apoyo alimentario a familias de bajos recursos, y reflexiones y conversaciones antirracistas en línea durante la pandemia. Movimientos de resistencia como Reconocido dan un sentido de pertenencia a poblaciones marginalizadas. Colectivos antirracistas dan la oportunidad a grupos vulnerables de compartir sus historias de vida, sueños y aspiraciones. Les permite crear lazos de solidaridad, redes de apoyo y acercase a otras realidades. Pertenecer a un grupo da la certeza de saber que no estás solo.
OBSERVACIONES FINALES
La interconexión entre la cohesión social y la construcción de paz es innegable. Las inequidades sociales que enfrentan esos que han sido privados de su derecho a la nacionalidad y que no tienen sentimientos de pertenencia puede también puede significar que no deberían someterse al orden social que los discrimina. La construcción de paz requiere equipos multidisciplinarios que puedan ofrecer diversos mecanismos para la restitución de los derechos de las personas apátridas.
Por lo tanto, la construcción de paz necesita un análisis crítico del conflicto. Entender las raíces de este conflicto es clave para permitir a los constructores de paz implementar acciones que generen cambios significantes. Sobre todo, se deben incluir las voces y las experiencias de esos que han sido víctimas de la violencia.
En este contexto, la paz sostenible debe poner a las personas históricamente oprimidas y sus necesidades en el centro de sus iniciativas. El racismo institucional facilita la materialización de prácticas racistas individuales. Sin embargo, puede llevar a la resistencia colectiva y la creación de movimientos antirracistas.
La resistencia no violenta es en sí misma un camino hacia la paz. Las alianzas, el networking, la construcción de mensajes que defienden los derechos humanos, el mapeo de actores, las protestas, entre otros son tácticas posibles para alcanzar la justicia social a través de la resistencia pacífica. Cuando se han violado todos los derechos, la posibilidad de compartir experiencias y pertenecer a movimientos sociales puede generar sentimientos de seguridad, confianza, cercanía y tranquilidad.
La apatridia no es exclusiva de República Dominicana. Es necesario que, en los lugares donde existan mecanismos que la legalicen, se establezcan mecanismos para eliminarla. Estos mecanismos deben integrar acciones legales, sicológicas y educativas para asegurar la justicia restaurativa. Se debe generar una cultura de paz a través de iniciativas antirracistas y alejadas de las ideas coloniales que tengan impacto en los medios de comunicación, las escuelas, la academia, la sociedad civil, las instituciones estatales y los servidores públicos.
La paz sostenible podrá ser garantizada cuando esta población obtenga la restitución completa de sus derechos y el reconocimiento público del error cometido. La reparación del daño es esencial para alcanzar una paz sostenible. Honnet (2006) señala que "el reconocimiento institucional y social es el único camino para permitir la transformación de leyes, actitudes y garantizar derechos" (pág. 146).
La reparación también necesita integrar un proceso de reconciliación que permita la compensación de los daños causados a las víctimas, acompañamiento psicológico y la implementación de medidas legales, sociales, políticas y económicas que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas y el acceso a todos los derechos civiles. Dichas medidas podrían ayudar a las personas afectadas a recuperar su autoestima y reestablecer la confianza en las instituciones públicas para alcanzar la cohesión social.
Algunas de las acciones necesarias para asegurar la restitución de los derechos y reparar el daño creado a través de la implementación de leyes antidiscriminatorias deben incluir, pero no limitarse a:
- Disculpas públicas a las víctimas y el reconocimiento de los daños causados por el Estado Dominicano.
- Entrega de los documentos de identidad.
- Procesos participativos de diálogo donde las víctimas puedan expresar sus necesidades con quienes toman decisiones.
- Abordar reparaciones sensibles al género
- Acompañamiento psicológico a las víctimas y a sus familias
- Compensación económica
- Implementación de políticas públicas que garanticen cohesión social a través de iniciativas de discriminación positiva para las personas afectadas tales como becas escolares y oportunidades de empleo, servicios de salud y acceso a los programas sociales del gobierno.
- Facilitar círculos de paz para enfatizar la escucha activa, la sanación y el aprendizaje colectivo.
- Implementar enseñanzas interculturales, alejadas de las ideas coloniales, en los currículos de todos los niveles educativos dominicanos.
- La reconstrucción de la historia nacional y la diseminación de los resultados en los medios de comunicación, sistemas de educación, instituciones públicas y privadas y eventos culturales.
- Proveer formación intercultural a los oficiales de registro, agentes de inmigración y agentes de policía para asegurar la paz y el respeto de los derechos humanos de todas las personas.
- Elaborar de leyes en contra de la discriminación e implementar mecanismos efectivos de quejas.
- Deconstrucción del racismo institucional al implementar medidas disciplinares a los servidores públicos que pudieran discriminar racialmente a los ciudadanos desde sus posiciones de poder e implementar un código de conducta antirracista en las instituciones públicas.
Finalmente, los espacios para el diálogo son esenciales en el proceso de construcción de paz. Abrir espacios donde las partes afectadas puedan compartir sus historias puede sensibilizar a otros y ayudan a identificar las necesidades más urgentes de las víctimas para garantizar la sanación individual y colectiva. Las personas apátridas cargan una mochila pesada llena de discriminación y violencia, pero también cargan esperanzas, sueños y deseo de justicia y resistencia que deben abordarse.
Lista de Referencias
Abdalla, A. & Sender, M. (2019). C.R. SIPPABIO: A Model for Conflict Analysis.
Acento. (2021, June 24). Piden a Abinader garantizar nacionalidad de dominicanos desnacionalizados.https://acento.com.do/actualidad/piden-a-abinader-garantizar- nacionalidad-de-dominicanos-desnacionalizados-8958305.html
Belique, A. (2018). Genocidio civil de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Meridional, 10, pp. 179-186.
Civolani, K. (2011). Vidas Suspendidas. Santo Domingo: Editora Búho.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Informe sobre la situación de derechos humanos en la República Dominicana. República Dominicana: CIDR, (OEA/Ser.L/V/II. Doc.45/15).
Curiel, O. (2019). Un golpe de estado: La Sentencia 168-13. Continuidades y Discontinuidades del Racismo en República Dominicana. [Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Colombia].
Díaz, M. (2016). Análisis del Tratamiento de la Información sobre la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en los Periódicos Listín Diario y Hoy desde el 23 de Septiembre hasta el 31 de Octubre del 2013. [Tesis de Grado, Universidad Autónoma de Santo Domingo].
Díaz, M. (2017). The Manifestation of Anti-Haitianism in the Dominican Republic Through the Lens of “Coloniality”. [Masters Dissertation, University of Bath].
Galtung, J. (1990). La violencia: cultural, estructural y directa. Journal of Peace Research, 27 (3), pp.291-315.
Galtung, J. (1990). International Development in Human Perspective. In Burton, J. Conflict: Human Needs Theory. Basingstoke: Macmillan. Chapter 15: pp. 301-335.
Honneth, A. (2006). El reconocimiento como ideología. Isegoria, 35, pp.129-150.
Oficina Nacional de Estadística. (2013). Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana. Santo Domingo: ONE.
Oficina Nacional de Estadística. (2017). Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana. Santo Domingo: ONE.
Reconocido. (2018). Nos Cambió la Vida. Memorias personales de jóvenes de ascendencia haitiana afectados por la Sentencia 168-13. Santo Domingo: Centro Montalvo.
Wooding, B., & Moseley-Williams, R. (2004). Needed but unwanted. Catholic Institute for International Relations, London.
BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR
Micely nació en Santiago, República Dominicana. Ama los intercambios culturales y ha sido galardonada con varias becas en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Israel, India y Costa Rica para continuar sus estudios en el exterior. Se graduó del programa de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene una gran pasión por la justicia social. Sus experiencias laborales previas se han enfocado en el desarrollo comunitario, los derechos humanos, el voluntariado, el activismo, la salud y la educación en Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Peace Corps, Courts for Kids y la Fundación Friedrich Ebert. Tiene un título de maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Bath el cual alcanzó a través de la beca Chevening. Actualmente, es becaria del DAAD completando una maestría en Estudios Internacionales para la Paz en la Universidad para la Paz en Costa Rica.
