Costa Rica: utópicas realidades
Autor: Ronald Castro Fernández
Originally Published at Peace and Conflict Monitor on: 03/30/2012
“La tranquilidad la dá (sic), la paz, el derecho y la razón en los actos de sus gobernantes.”
–Carta enviada al Presidente Teodoro Picado el 18 de marzo de 1948 por una mujer anónima.
Costa Rica es un país privilegiado. Su vida acumula una historia singular y firme como el granito en que se asientan las bases de los pilares en que sustentan su desarrollo: paz, educación y respeto de los Derechos Humanos. Ideas que se remontan a tiempos inmemoriales en que los primeros habitantes los convirtieron en el modus vivendi nacional.
El territorio que comprende Costa Rica, por su ubicación geográfica, ha sido desde siempre puente y punto de encuentro de culturas (UPEACE, 1981), flora y fauna. Esta característica ha formado una sociedad multicultural y tolerante desde los mismos inicios de la habitación territorial.
La gran cantidad conocida de arte precolombino en piedra, jade y oro demuestra la existencia de una prolongada convivencia pacífica que permitió a los diferentes pueblos indígenas (autóctonos y visitantes) desarrollar un vasto legado artístico y cultural cuyas representaciones de la naturaleza y cosmos priman sobre cualquier escena bélica.
Llegados los descubridores españoles en 1502, facilitaron el arribo de los frailes franciscanos que enseñaron los valores seráficos de humildad y paz universal desde los primeros años de la colonia, junto a la aparición de la efigie morena de la Virgen de los Ángeles en 1635, fortalecieron la cohesión social de todos los habitantes (españoles, mestizos e indígenas)(Alfaro Rodríguez, 2009) de la provincia más alejada y pobre de la Capitanía General de Guatemala.
Las necesidades locales y la distancia de los centros de poder principales no fueron obstáculos para que los vecinos de Cartago, primera capital de la entonces provincia de Costa Rica, organizaran algunas escuelas primarias, dando inicio a un proceso de universalización de la educación básica que hasta nuestros días tiene como principio rector que la condición social no sea impedimento para que todos los niños tengan acceso, tal como lo afirmó Don Juan Fernández del Val cuando abrió su centro de estudios básicos en julio de 1736: “me obligo asimismo a recibir a todos los niños pobres que sus padres no tuvieren con qué pagarme y a darles la misma enseñanza que a los demás” (Salazar, 1975).
Mientras en la pequeña Costa Rica se consolidaba el desarrollo de la preparación intelectual de los hijos de la patria, en 1811, cruzaba el Atlántico el diputado elegido para representar esta provincia ante las Cortes que el Imperio Español convocó para la redacción de una nueva Constitución. Las propuestas de Don Florencio del Castillo, electo Presidente de las Cortes de Cádiz el 24 de mayo de 1813, son la proyección internacional primigenia del pensamiento y modus vivendi de la sociedad costarricense: “libertad completa de los indios y la concesión del derecho de ciudadanóa a los negros nacidos en América” (Fernández, 1925).
Paralelamente y como producto de la dinámica migratoria hacia el oeste del Valle Central, la actual San José era ya una villa cuya población se preocupa por la instrucción de las nuevas generaciones, por lo que se organiza, recoge fondos y solicita al ayuntamiento crear una casa de estudios bajo el patronazgo de Santo Tomás, sin distinción social ni económica, fundada el 24 de abril de 1814 (Monge, 1978). Gracias a las bases académicas construidas especialmente por el Bachiller Rafael Francisco Osejo (que a la sazón contaba con 24 años de edad) entre 1814 y 1819 (Zelaya, 1973), la institución se desarrolló en forma creciente hasta su transformación, el 3 de mayo de 1843 en la Universidad de Santo Tomás(Monge, 1978).
Ocupada organizando su incipiente sistema educativo, la sociedad costarricense se mantuvo en cordial convivencia formando parte pasivamente de las diferentes formas político-administrativas que dictaba la metrópoli hasta la llegada del 15 de setiembre de 1821, fecha en la que “Costa Rica, por un destino excepcional, consiguió su independencia sin combatir, sin vencer, sin perder a uno solo de sus hijos”(Peralta, 1875). El 1 de diciembre de 1821 se promulgó la primer Constitución Política del nuevo Estado llamada “Pacto de Concordia”, cuyo mayor propósito fue evitar tensiones y mantener la armonía en la sociedad (UPEACE, 1981).
Sin embargo, la inesperada emancipación generó serias diferencias de criterios respecto al futuro del país que condujeron, en 1823, a la primera guerra civil. Es de resaltar el ejemplo del general vencedor, el republicano Gregorio José Ramírez que a la edad de 27 años, pacificó y organizó el Estado entre el 5 y el 16 de abril de ese año; convocó a un Congreso Constituyente y entregó el poder a su Presidente, retirándose a su casa en Alajuela donde murió el 4 de diciembre siguiente (Molina, 2009).
Pocos meses después, el 17 de abril de 1824, Costa Rica y Centroamérica abolieron la esclavitud y en el caso nacional “los propietarios de esclavos renunciaron por su voluntad a la indemnización que les había sido concedida por la Asamblea” (Peralta, 1875).
La vida independiente se tornó difícil cuando en 1855 fueron evidentes las intenciones expansionistas de varios estados sureños de la Unión Americana encarnados en la figura del líder filibustero William Walker. Si Costa Rica fue a la guerra contra los filibusteros, lo hizo por solidaridad con las naciones con las cuales compartía idioma e ideales, pero lo hizo también, en cumplimiento de su derecho a la legítima defensa (Mourelo, 1984), y hombro a hombro con las demás hermanas centroamericanas, pelearon y derrotaron al invasor entre 1856 y 1857.
Después de la Campaña Nacional, como se conoce a ese conflicto bélico, Costa Rica vivió una serie de hechos que la convirtieron en ejemplo de respeto y protección de los Derechos Humanos fundamentales. En 1865, después de una decisión concertada, se le concedió asilo político al General salvadoreño Gerardo Barrios, hecho que inició la larga tradición costarricense de ofrecer protección a todos los perseguidos por causas políticas.
Una vez apaciguadas las aguas y vuelta la calma, se fortaleció uno de los pilares del desarrollo costarricense: la educación. En el año 1867, el Ministro de Instrucción Pública, Julián Volio Llorente, presentó al Congreso un plan de reforma total de la enseñanza primaria en que se proponía, por primera vez, la formación primaria en todo el país, obligatoria, uniforme, gratuita y a cargo del Estado (Oconitrillo, 2000), cursos en vacaciones para capacitar a los maestros, la prohibición absoluta de castigos corporales a los niños y la creación de un colegio Normal de niñas (Rodríguez Vega, 2006), propuesta que los diputados rechazaron. Años atrás de este revés momentáneo, Don Julián veló por el aprendizaje de un huérfano josefino llamado Mauro Fernández Acunña, quien en 1886, convertido en flamante Ministro de Educación Pública, llevó a la práctica la gran reforma educativa costarricense, inspirada en muchas de las ideas y ensentilde;anzas de su mentor.
Encontramos, además, una historia de amor que dejó una gran herencia de respeto al derecho elemental de la vida. Al iniciar la octava década decimonónica y en ocasión del 25 aniversario de su matrimonio, el Presidente Tomás Guardia Gutiérrez obsequió a su esposa, Doña María Emilia Solórzano Alfaro, la abolición de la pena de muerte en virtud del Decreto N° VII del 26 de abril de 1882: “La vida humana es inviolable”(Villegas Hoffmeister, 2000).
Ese mismo respeto por la vida humana se materializó en la decisión del Presidente Bernardo Soto Alfaro la noche del 7 de noviembre de 1889 al dejar el poder antes que el ejército ocasionara un bantilde;o de sangre entre los costarricenses que pedían el respeto a la voluntad popular emanada de las elecciones generales efectuadas a partir del 3 de noviembre: “No debo ensangrentar el país por conservar el Poder que es del pueblo, que se me demanda y que la humanidad me impone devolver” (Meléndez, 1989).
La “Noche de los Machetes” nos conduce a las puertas del Siglo XX; entre 1907 y 1918, Costa Rica es honrada como el país sede de la Corte Centroamericana de Justicia, primer Tribunal Permanente de Justicia Internacional y primer Tribunal Internacional de Derechos Humanos que reconoció al ser humano como sujeto directo de la Ley Internacional.
Soplaban aires de cambio en la administración pública costarricense, nuevas y adelantadas visiones crearon animadversiones entre sectores conservadores que desembocaron en el golpe de estado del 27 de enero de 1917, cuando el Secretario de Guerra y Marina instituyó un gobierno tiránico que se mantuvo hasta agosto de 1919. Las maestras y estudiantes organizados lucharon en las calles de San José mientras un ejército revolucionario liderado por Julio Acosta García combatió la dictadura en la zona norte.
Victorioso entró en San José el General Acosta “agitando un pantilde;uelo blanco. Sin palabras dijo ya su programa. Paz, la paz que necesita este pueblo para desarrollar sus energías, la paz que espera este hogar, hace tiempo inquieto, para mirar de nuevo el porvenir sin zozobra.”(Oconitrillo, 1991). Ese acto representó la política de “perdón y olvido” que como Presidente, Julio Acosta, practicó durante todo su periodo de gobierno (1920 – 1924) y permitió que el país consumara el necesario proceso de reconciliación.
El ex presidente Acosta, como Ministro de Relaciones Exteriores, firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945, la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica el 1 de agosto de 1945 y depositado el instrumento de ratificación en el Departamento de Estado de los Estados Unidos el 2 de noviembre siguiente.
Dos anños antes de suscribir la Carta de Naciones Unidas, en 1943, Costa Rica vivió una verdadera revolución social. Gracias a la coyuntura internacional generada por la Segunda Guerra Mundial y que unía a los Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue posible construir una alianza singular entre el gobierno costarricense, alineado con los norteamericanos, el Partido Comunista y la Iglesia Católica para promover e implementar la reforma constitucional que introdujo el Capítulo de las Garantiacute;as Sociales, un nuevo Código de Trabajo y la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, sistema de servicios de salud financiado solidariamente entre los patronos, empleados y el Estado. Mientras el mundo se desangraba, Costa Rica aumentaba la expectativa y calidad de vida de sus habitantes.
Pocos a-os después de esta profunda reforma, los acontecimientos políticos hicieron que se quebrantara la paz y el país fue testigo de la última guerra fratricidaen 1948, ganada por el ejército rebelde encabezado por José Figueres Ferrer, quien asumió el poder de facto. El 1 de diciembre de 1948, en un acto histórico, se abolió definitivamente las fuerzas armadas en Costa Rica, “ofreciendo el remanente del presupuesto que resulte como consecuencia de la supresión del ejército nacional a solventar la situación del presupuesto educacional del país”(Quirós, 1992).
Hecho sin precedentes en la historia mundial “es este cuando el sentilde;or Ministro de Guerra depone su mando para convertirlo en fuerza al servicio del progreso de la cultura en Costa Rica” (Quirós, 1992). Menester es agregar que Costa Rica basa la defensa de su soberanía en el Derecho Internacional, especialmente en la proteccioacute;n que garantiza el Tratado Interamericano de Asistencia Rec’proca (TIAR) firmado en Rio de Janeiro en 1947 y en los organismos internacionales donde siempre ha encontrado decidida solidaridad colectiva. El desarme costarricense se reforzó en virtud de la Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada del 17 de noviembre de 1983 que materializó una conducta jurídica costarricense iniciada desde el 2 de setiembre de 1822 (Mourelo, 1984).
En una precisa síntesis de todos los valores, ideas e historia costarricense, el Presidente Rodrigo Carazo Odio propuso al mundo, reunido en la XXXIII Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de setiembre de 1978, la creación de la Universidad para la Paz.
Utopía posible que en el lapso de 2 antilde;os, gracias a la profundidad de la iniciativa y el impacto universal que una institución dedicada a la educación transformadora para la paz tendría en el mundo entero, fue aprobada por unánime decisión de los 156 Estados representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 1980 y recogida en la Resolución 33/55.
Volcándose al ámbito continental, el Presidente Carazo promovió la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos que, desde 1969, esperaba la aprobación del número mínimo de Estados para entrar en vigencia. Una vez logrado este objetivo, el Presidente Carazo ofreció a Costa Rica como sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que se instaló en San José el 3 de setiembre de 1979 (CIDH).
Asimismo, mediante convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica se creó, el 28 de octubre de 1980 (CIDH), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos “dedicado a la ensentilde;anza, investigación y promoción de los Derechos Humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América” (CIDH).
Siete antilde;os después, Costa Rica fue de nuevo reconocida mundialmente en la persona de su presidente, el Dr. Oscar Arias Sánchez, al otorgársele el Premio Nobel de la Paz por sus ingentes y exitosos esfuerzos para la pacificación de Centro América.
Antes de finalizar el Siglo XX, el 20 de diciembre de 1993, en virtud de la Resolución 48/141 (Segura, 1997), Costa Rica coronó el esfuerzo de casi treinta antilde;os para crear un Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con total autonom’a de las decisiones políticas del organismo mundial.
En 1980, mientras se discutía la aprobación de la Convención contra la Tortura y los Tratos Crueles y Degradantes, el gobierno de Costa Rica, adelantándose sabiamente a los acontecimientos y “a iniciativa de la gran jurista costarricense Elizabeth Odio Benito, presentó en la Organización de Naciones Unidas un proyecto de Protocolo Facultativo a la futura Convención contra la Tortura” (Segura, 1997), cuya discusión se relegó hasta la entrada en vigencia de la Convención, hecho que sucedió en 1989. Al siguiente a-o se reinició el largo camino, perseverantemente liderado por la Licda. Odio Benito que finalizó con éxito el 18 de diciembre del 2002, cuando la Asamblea General de ONU aprobó el Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura y los Tratos Crueles y Degradantes que contiene garantías y procedimientos que deben acatarse en los lugares de detención para prevenir tan ignominiosos actos (Relaciones Exteriores, 2006).
Como es posible apreciar, en Costa Rica existe una constante histórica pacifista, promoción de la educación y respeto a los Derechos Humanos de larga data. En la hora de la globalización de las comunicaciones, la permeabilidad de las fronteras y la interdependencia de los Estados, Costa Rica y la Universidad para la Paz deben fortalecer su vocación humanista para grandeza y gloria de la Humanidad.
Bio:
Ronald Castro Fernández (Alajuela, Costa Rica)
Investigador de la historia costarricense con estudios en Relaciones Internacionales. Asesor en investigaciones internacionales sobre la realidad costarricense. Escritor variopinto en su blog “El Cencerro” y ocasional de algún diario nacional. Funge como oficial de apoyo académico del Departamento de Estudios de Género y Educación para la Paz de la Universidad para la Paz.
