TERMINANDO CON LA IMPUNIDAD Y BUSCANDO LA RECONCILIACIÓN EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA: EL ROL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
Autor: TSUNETAKA TSUCHIYA
Traducido al español por Florencia Prieto
La República Centroafricana (RCA) ha estado sufriendo conflictos de larga duración y ahora debe establecer el estado de derecho a través de la Justicia Transicional. La Justicia Transicional sirve para la recuperación de países devastados por conflictos. Las Naciones Unidas describen la Justicia Transicional como “la gama completa de procesos y mecanismos asociados con el intento de una sociedad de aceptar un legado de abusos del pasado a gran escala” (Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014) e incluye mecanismos judiciales y no judiciales, como ser el enjuiciamiento de los autores a través del sistema de justicia nacional, internacional o híbrido, y la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzos se han realizado para establecer la Justicia Transicional en la República Centroafricana? ¿Qué sistema funciona bien en el contexto de los complejos conflictos de la RCA?
CONTEXTO DEL CONFLICTO EN RCA
El conflicto en la República Centroafricana es una crisis de larga duración provocada por la violencia esporádica y la desintegración del Estado, debido a las profundas divisiones entre grupos sociales y étnicos. El conflicto comenzó en 2004 después de que François Bozizé asumiera la presidencia en el año 2003. Varios grupos rebeldes participaron en el conflicto y cometieron crímenes durante este período. Tras el fracaso de varios acuerdos de paz, los principales grupos rebeldes y el gobierno finalmente firmaron el Acuerdo de Paz Global en 2008. Entre 2003 y 2008, una serie de crímenes de guerra fueron cometidos por el ejército nacional y los grupos rebeldes, como ser ejecuciones sumarias, reclutamiento de niños soldados, violación y violencia de género (Human Rigths Watch, 2007).
Luego de diez años del régimen de Bozizé, en 2012 comenzó otro conflicto que fue instigado por un grupo rebelde llamado Seleka, fundado por miembros de la fe musulmana (una minoría en la República Centroafricana). Seleka tomó el control del gobierno en mayo de 2013 y la violencia perpetrada por la milicia de Seleka comenzó contra las comunidades cristianas. En respuesta a la violencia, se formaron grupos armados liderados por cristianos llamados Anti-Balaka y los conflictos armados entre Seleka y Anti-Balaka se extendieron por todo el país. Tras la dimisión del presidente Michel Djotodia, quien era el líder de Seleka en 2013, la violencia generalizada y los ataques de represalia en curso sumieron al país en un conflicto civil sin precedentes. Los ataques contra la población civil continuaron, a pesar de la firma del Acuerdo de Libreville el 11 de enero de 2013, sobre el cese de hostilidades y el establecimiento de una autoridad de transición.
Anti-Balaka respondió a la violencia de Seleka. Durante dos años, ejecuciones, robos a mano armada, violaciones, saqueos y otros actos delictivos provocaron desplazamientos masivos de población, el colapso del frágil Estado y la parálisis casi total de la economía. El impacto de la crisis fue más visible en el impacto humanitario que dejó 621.000 desplazados internos, 572.000 refugiados que huyeron a países vecinos y 2,5 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria (OCHA, 2018).
Si bien Seleka dimitió del poder en enero de 2014, tras la formación del Consejo Nacional de Transición, una fuerza de estabilización de la Unión Africana y una misión francesa de mantenimiento de la paz, la situación de seguridad siguió siendo inestable. Después del acuerdo de paz de Brazzaville, la Misión De Estabilización Integrada Multidimensional de las Naciones Unidas En La Republica Central Africana (MINUSCA – por su nombre en inglés-) inició un proceso de mantenimiento y establecimiento de la paz. En febrero de 2019, el gobierno finalmente concluyó un acuerdo de paz con 14 grupos armados.
JUSTICIA TRANSICIONAL EN RCA
En este contexto, se proponen varios tipos de Justicia Transicional. Según el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), el objetivo de la Justicia Transicional es “el reconocimiento de la dignidad de las personas, la reparación y reconocimiento de las violaciones, y el objetivo de evitar que vuelvan a ocurrir' (ICTJ, 2020). En consecuencia, la Justicia Transicional incorpora cuatro tipos de enfoques: Procesos penales, Búsqueda de la verdad, Reparaciones y Reforma. El enjuiciamiento es importante para castigar a los autores y combatir la impunidad a largo plazo, pero en el contexto del posconflicto, otras estrategias también son indispensables para establecer el estado de derecho. La amnistía, otorgada en el proceso de búsqueda de la verdad, puede ser otra manera de restablecer la convivencia pacífica de la comunidad después de atrocidades masivas entre diferentes grupos, como grupos religiosos o étnicos. Si bien la Corte Penal Internacional, la Corte Híbrida, la Corte Ad-hoc y la Corte Nacional tienen como objetivo enjuiciar a los autores dentro del sistema de justicia formal, organizaciones de justicia comunitaria menos formales como los Tribunales Gacaca de Ruanda y los comités de verdad y reconciliación instalados en Sudáfrica, Liberia Siera Leone traen soluciones de forma más ágil que los tribunales formales. El Gacaca de Ruanda, por ejemplo, jugó un papel importante en la aceleración de los juicios por genocidio que habrían llevado 200 años si los autores hubiesen sido procesados por el sistema de justicia formal (Herrmann, 2012).
En la República Centroafricana, las comunidades nacionales e internacionales han tomado hasta ahora todas las medidas posibles para tratar de establecer el estado de derecho y la paz.
1. Corte Penal Internacional (CPI)
La CPI es la estructura de justicia internacional que puede enjuiciar y juzgar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando los estados no quieren o no pueden procesarlos. Cualquier persona que cometa crímenes de guerra y otras violaciones del Estatuto de Roma puede ser remitida a la CPI. En 2009, la Corte de Apelaciones de la República Centroafricana admitió que no pudieron iniciar investigaciones y enjuiciamientos de criminales de guerra y que un tribunal internacional era la única forma de abordar su impunidad (CPI, 2010). La CPI inició una investigación del Sr. Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo; fue procesado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero finalmente fue absuelto (CPI, 2018). Además de Jean-Pierre Bemba, dos ex jefes de milicias, Patrice-Edouard Ngaissona y Alfred Yekatom, líderes de Anti-Balaka, eran sospechosos de estar involucrados en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluida la tortura, persecución y reclutamiento de niños soldados durante el segundo conflicto. Fueron remitidos a la CPI, pero la CPI aún no ha anunciado si abrirá o no un juicio.
2. Tribunal Penal Especial (SCC – por su nombre en inglés-)
La SCC fue creada por la legislación nacional de la RCA el 3 de junio de 2015. La SCC tiene una jurisdicción nacional que opera dentro del sistema de justicia nacional y cubre los delitos cometidos desde 2003 (Gobierno de la RCA, 2015). Es un tribunal híbrido que cuenta con magistrados y fiscales nacionales e internacionales. Las Naciones Unidas apoyan al SCC a través de la Misión de Operaciones De Paz de las Naciones Unidas (MINUSCA) y el PNUD (PNUD, 2017). Desde la inauguración oficial en junio de 2017, se han iniciado las investigaciones de tres casos, pero no se han emitido órdenes de arresto. El SCC procesa las violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pero también una gama más amplia de violaciones de los derechos humanos, incluidas las económicas, sociales y culturales (Gobierno de la República Centroafricana, 2015). Además, se incluyen las violaciones de delitos no internacionales como los actos aislados de violación (que no forman parte de un ataque generalizado o sistemático) (ibid).
3. Sistema judicial nacional
En RCA la estructura de justicia nacional tiene una capacidad muy limitada. La escasez de personal jurídico es un problema grave. En 2017 solo se registraron 163 magistrados y 113 abogados (Amnistía Internacional, 2017). Pocos magistrados y solo un abogado tienen su sede fuera de Bangui, la capital de la República. Esto conduce a una falta de despliegue de personal legal y problemas para proteger a testigos y demandantes (ibid), ya que los grupos rebeldes aún controlan la mayor parte del territorio en RCA. Además, la falta de cárceles y la capacidad reducida del personal legal debido a la falta de capacitación también son grandes desafíos para establecer el estado de derecho en la República Centroafricana.
En este contexto, el tribunal nacional inició los juicios de los autores de crímenes de guerra. Abdoulaye Alkali-Saïd, uno de los principales jefes de Seleka involucrado en el golpe de estado en 2013, fue juzgado ante el tribunal penal (Grihot, 2019). Otros casos también se remiten al tribunal penal nacional.
4. Comisión de la Verdad, Justicia, Reconciliación y Reparaciones (TJRRC- por su siglas en inglés - )
La TJRRC fue confirmada por ley el 7th abril de 2020. El mandato de la TJRRC es “desarrollar un sistema de reparación para lograr un cese de hostilidades y un final definitivo a la violencia multifacética en nuestro país” (Bouessel, 2019 ). Antes de la TJRRC, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) se lanzó en 2003 bajo la administración de Bozizé y se cerró después de dos años. La CVR no logró sus objetivos iniciales como "establecer un relato preciso de los hechos que han atormentado a la sociedad centroafricana desde la década de 1960 hasta la actualidad" y "promover el entendimiento y la reconciliación nacional genuina" (Picco, 2020). Presentó un informe final que recomendaba continuar con las audiencias buscando fondos para reparaciones y para preparar una ley de amnistía (ibid). El fracaso de la CVR se debe a la falta de fondos y la falta de voluntad política, ya que no se le dio autoridad para investigar al ejército de Bozizé por graves violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, la TJRRC se estableció con un proceso más participativo, como se propuso durante el Foro de Reconciliación Nacional en Bangui con 600 representantes de altos líderes de partidos políticos, grupos rebeldes y sociedades civiles de la República Centroafricana. Sin embargo, el Foro se convirtió en un movimiento político para la negociación de acuerdos de paz y una herramienta para otorgar amnistía a ciertos grupos rebeldes. Esto se debió a que los grupos rebeldes eran demasiado poderosos para el gobierno; el cual se vio obligado a crear comisiones en lugar de hacer cumplir la ley a través del sistema judicial formal porque los grupos rebeldes querían evitar ser acusados. Por lo tanto, no está claro si la TJRRC puede desempeñar un papel importante en el proceso de justicia transicional propuesto.
Dado que los grupos rebeldes siguen activos en el territorio, el gobierno y la comunidad internacional están tratando de establecer la justicia transicional a través de la gama de mecanismos descritos anteriormente. La Sección 5 analizará críticamente qué mecanismos son apropiados para RCA y por qué
ANÁLISIS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN RCA
Boraine y Valentine (2005) analizaron cómo los estados post-conflicto deberían combinar estructuras judiciales para restablecer el estado de derecho mediante la promoción de la paz y la reconciliación y afirman que cinco pilares son necesarios para garantizar un enfoque holístico: rendición de cuentas, recuperación de la verdad, reconciliación, reparaciones y reforma institucional. La siguiente sección examina estas cinco dimensiones.
1. La CPI
La CPI tiene una responsabilidad de alto grado, ya que su objetivo es castigar a los autores de graves violaciones de derechos humanos (Hermann, 2012). La CPI también supervisa la recuperación de la verdad, pero en menor medida que el SCC, ya que no pueden estar presentes tantos testigos en La Haya y, por lo tanto, no se tratan tantos casos. Las víctimas tienen derecho a solicitar reparación ante la CPI (CPI, 2013) pero la absolución de Bemba por errores procesales decepcionó a las víctimas en la República Centroafricana y, por lo tanto, aún no se ha logrado la reparación.
La CPI también contribuye a la reforma de la estructura judicial nacional mediante el intercambio de ideas con sus contrapartes nacionales. Sin embargo, dado que el SCC está mejor posicionado para desarrollar la capacidad técnica de las estructuras judiciales nacionales y contribuye a la reforma de manera más directa, la CPI no es el actor principal de la reforma. La debilidad de la CPI es la reconciliación. En el caso de la República Centroafricana, los jefes de Seleka, que presuntamente cometieron crímenes de guerra, no han sido procesados. Además, la CPI siempre es controvertida en los estados africanos y, por lo tanto, sus decisiones pueden dividir a las comunidades, en lugar de promover la reconciliación.
2. El SCC
El SCC es un tribunal híbrido y, por lo tanto, contribuye significativamente a la reforma del sistema de justicia en la República Centroafricana. El SCC tiene el mandato de promover la justicia en la República Centroafricana (Gobierno de la República Centroafricana, 2015) y, en consecuencia, lleva a cabo muchas campañas de sensibilización en las comunidades. Las personas tienen un mejor conocimiento sobre el acceso a la justicia gracias al SCC. Esto contribuye no solo a la reforma institucional sino también a la recuperación de la verdad, a medida que el acceso a la justicia aumenta y se pueden encontrar más testigos. Generalmente, un tribunal híbrido también tiene una responsabilidad significativa, ya que participan jueces y fiscales internacionales que son independientes del gobierno. Con respecto a la reparación, el SCC cubre no solo los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, sino también las violaciones de los derechos económicos y culturales. La Justicia Transicional convencional ha sido criticada porque solo se refiere a los derechos civiles y políticos (Schmid, 2014). Por lo tanto, el SCC puede considerarse uno de los tribunales más completos para las violaciones de derechos humanos durante los conflictos. El SCC también tiene jurisdicción sobre violaciones de delitos no internacionales, como actos aislados de violación (que no forman parte del ataque generalizado o sistemático). Por tanto, la amplia jurisdicción de la SCC contribuye a las reparaciones. La reconciliación no es un objetivo tan importante como lo es en la CPI pero, al garantizar el acceso a la justicia, el SCC puede funcionar mejor que la CPI en este sentido.
3. Tribunales Nacionales
Los tribunales nacionales complementan las funciones tanto de la CPI como del SCC. Los tribunales nacionales son menos responsables que la SCC y la CPI por el juzgamiento de los casos, pero pueden conocer más casos que la CPI y el SCC. La CPI y el SCC solo conciernen a los líderes Anti-Balaka en la actualidad. Los tribunales nacionales pretenden investigar a los líderes de Seleka en un intento de contribuir al equilibrio entre los dos grupos. Sin embargo, su débil capacidad afecta el cumplimiento de su mandato y, en consecuencia, no es realista esperar mucho progreso por parte de los tribunales nacionales.
4. EL TJRRC
El TJRRC tiene la clara obligación de apoyar la reparación de las víctimas mediante la búsqueda de la verdad. Esto significa que, en lugar de condenar a los perpetradores, el gobierno se enfoca en la reparación a las víctimas, el problema es que la financiación debe provenir de la comunidad internacional. Los acusados se inclinan a decir la verdad si se les garantiza la amnistía y si no les es requerido pagar una reparación a las víctimas. El TJRRC puede también contribuir a la reconciliación, ya que proporciona los mecanismos a través de los cuales se puede lograr la misma. Sin embargo, el TJRRC no contribuye a la rendición de cuentas ni a la reforma institucional.
Si bien el SCC cuenta con el fuerte apoyo de las Naciones Unidas y los países occidentales, el TJRRC cuenta con el apoyo de la Unión Africana. La Unión Africana adopta un enfoque de orientación más política, mientras que las Naciones Unidas y los países Occidentales dan prioridad al establecimiento del estado de derecho. Los países occidentales buscan la rendición de cuentas y la reforma institucional, mientras que los estados africanos prefieren la reconciliación. Ambos creen que su enfoque logrará la recuperación de la verdad y la reparación de las víctimas. El RCA se encuentra en el medio de estas posiciones y busca el apoyo de ambos lados.
Al examinar la justicia transicional con sus cinco elementos, el SCC parece el más apropiado para RCA, ya que si funciona bien incluye los cinco elementos discutidos. Si puede evitar la intervención política de las partes, el TJRRC también es importante. La preocupación del SCC es el aspecto de la reconciliación. Si el SCC continúa investigando solo a los jefes Anti-Balaka, creará una división en el país. Sin embargo, el enjuiciamiento de los líderes de Seleka también es políticamente delicado, ya que concierne a los países vecinos, que supuestamente apoyan a Seleka. Si el SCC puede garantizar su financiación, no será necesario presentar casos a la CPI. No obstante, el sistema de justicia formal enfrenta dificultades para poder investigar a fondo si los grupos rebeldes mantienen su poder en sus territorios. Por ello, lo que se espera es que el TJRRC desempeñe un papel importante en el logro de la reconciliación entre los grupos armados, lo que eventualmente podría conducir a su desarme y desmovilización. Los tribunales nacionales necesitan más capacidad técnica, financiera y humana para llevar a cabo juicios y antes de que esto sea posible hay un camino por recorrer. El esfuerzo de la Justicia Transicional acaba de comenzar en la República Centroafricana y el desarrollo del SCC y el TJRRC debe ser clave para el establecimiento del estado de derecho y una paz duradera.
Lista de Referencias
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Biografía del autor
Tsunetaka Tsuchiya posee in Master en Desarrollo Internacional de la Universidad de Manchester, y estudia la Maestría en Paz Sostenible en el Mundo Contemporáneo en la Universidad para la Paz. Trabaja para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en la República Centroafricana como un Especialista de Programa. Todas las ideas y opiniones expresadas en este artículo son de su autoría y no representan la opinión de la institución para la cual trabaja.