Prácticas restaurativas: el rol de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Autor: Mauricio Abraham Rosales Schettini
Traducido al inglés por Leah Ann Durst-Lee
Luego de un Conflicto Armado Interno (CAI) de 36 años (1960-1996) los acuerdos de paz en Guatemala supusieron la llegada de un nuevo capítulo en la reconstrucción de una nueva sociedad basada en la búsqueda de acuerdos y el fortalecimiento de una frágil e incipiente democracia (WOLA, 2019). Contrariamente a lo que se podría pensar en la teoría, los acuerdos de paz en Guatemala no resultaron en una disminución de la violencia, sino que conllevaron un aumento significativo de la misma (Calvet, 2019, pág. 6).
Este contexto, permitió el surgimiento de los llamados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) a finales de los años 1990, definidos como grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad en Guatemala (CICIG, 2019). En ese sentido, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) surgió a raíz de esfuerzos de grupos de la sociedad civil guatemalteca. Como reacción a esta abogacía, en 2006 el gobierno guatemalteco pidió a las Naciones Unidas (ONU) que ayudaran a establecer una iniciativa con el objetivo de desmantelar esas estructuras criminales y fortalecer el Estado de derecho (Calvet, 2019).
En el 2007, luego de un proceso de negociación entre las partes involucradas, nace la Comisión. Apoyada por la ONU, la Comisión es financiada exclusivamente a través de contribuciones voluntarias de países amigos de Guatemala. La CICIG es por tanto resultado de un esfuerzo multilateral por fortalecer el Estado de Derecho y empoderar a la ciudadanía para el cumplimiento de sus deberes y el goce de sus derechos (CICIG, 2018).
Metodología
La presente propuesta de ensayo se basa metodológicamente en la revisión documental de trabajos, investigaciones y producciones académicas que versen sobre el trabajo de la CICIG como actor relevante en procesos restaurativos en Guatemala, así como su evidente relación con la lucha en contra de la corrupción y la impunidad en el país por más de 12 años.
En ese sentido, se hará un abordaje desde los esfuerzos de la Comisión en pro de la búsqueda de justicia, igualdad, empoderamiento de la sociedad y el fortalecimiento del Estado a través de las prácticas restaurativas desde la conceptualización de Zehr (2010) en su obra “El pequeño libro de la justicia restaurativa” con un abordaje cualitativo y la caracterización de casos concretos en el abordaje de esas prácticas concretas que permiten la materialización de actos referentes en justicia restaurativa.
Por último, desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales parece importante hacer mención del rol de la comunidad internacional en cuanto a la negociación y creación de una comisión sui generis en la región latinoamericana, que sentaría un precedente a nivel global en cuanto a la lucha contra la corrupción y la impunidad con la colaboración de agentes externos en el Sistema Internacional y la participación activa de las Naciones Unidas junto con Estados Miembro para lograr cumplir los objetivos emanados en los principios de la conferncia de San Francisco de 1945.
Resultados de la Comisión en Guatemala
La CICIG como comisión fue un experimento novedoso en su clase. Por su naturaleza, no pertenecía al Estado guatemalteco ni le pertenecía a las Naciones Unidas. Surgió, como hemos desarrollado, como un acuerdo entre ambas partes. Una vez el Secretario General de la ONU designaba al Comisionado, su autonomía dentro de sus competencias era casi absoluta. La Comisión se encargaba de recaudar sus propios fondos y de administrarlos (Haering, 2019). Su rol, en cuanto al trabajo con el Ministerio Público, el sistema de justicia y la institucionalidad guatemalteca debía garantizar el éxito de las investigaciones de aquellos casos en los cuales permeaba la necesidad de intervención de la CICIG.
La CICIG fue un modelo único e innovador de cooperación internacional que se caracterizó por la lucha contra el crimen organizado, la corrupción enquistada y la impunidad endémica (Donovan, 2008. Citado en Calvet, 2019, pág. 17).
Luego de 12 años en el país y tras el cese de operaciones por decisión unilateral del entonces presidente Jimmy Morales, la CICIG conseguido un nivel de rendición de cuentas sin precedentes en el país, logrando una transformación del sistema de justicia guatemalteco (CICIG, 2018. Calvet, 2019).
De acuerdo con WOLA (2019) la Comisión contribuyó a presentar más de 120 casos al sistema de justicia guatemalteco, involucrando a más de 1,540 personas y uno unos 200 funcionarios o exfuncionarios del gobierno enfrentando cargos por actos de corrupción. Además, las investigaciones conjuntas de la CICIG y la Fiscal General de la República dieron paso a más de 400 condenas.
La Comisión fue, además, fundamental en el país para establecer nuevos procedimientos de elección de jueces de las altas instancias y de la figura de fiscal general, contribuyendo así a la independencia del sistema judicial (Burt, 2017). En ese sentido, puede agregarse que la CICIG fue determinante en la conformación de tribunales especiales donde los jueces pueden estar mejor protegidos del crimen organizado, la implementación de nuevas metodologías para investigar redes criminales, así como el establecimiento de una unidad especial de investigaciones, una unidad de análisis criminal y un programa de protección de testigos (WOLA, 2019).
Aportes a prácticas restaurativas
La Comisión, en un modelo sui generis, fue el escenario perfecto para que tanto justicia transicional y justicia restaurativa se entretejieran con el fin de llegar al leit motiv de todo proceso: la búsqueda de justicia y paz en una sociedad marcada por conflictividad y luchas históricas enraizadas en la historia. El proceso de acompañamiento de CICIG a la institucionalidad guatemalteca para la búsqueda de justicia, la reparación de daños, la atención a las víctimas, el involucramiento de la sociedad y la participación activa de los actores involucrados hacían de su labor en el país un camino hacia la justicia.
Tal y como lo indica CICIG (2018) en su informe anual de labores, las sentencias conducidas a causa del trabajo de la comisión en conjunto con las autoridades guatemaltecas en el sistema de justicia, sientan un precedente para la promoción de una justicia penal no solo sancionadora sino también restaurativa (pág. 55).
De manera que, el trabajo de la CICIG fue importante en tanto las prácticas de justicia restaurativa fueron nutriendo el acompañamiento a los grupos afectados de aquellos casos investigados por corrupción e impunidad en Guatemala de 2007 a 2019.
Zehr (2010, pág. 35) expone claramente que un elemento central de la justicia restaurativa es la idea de enmendar el daño causado. Es decir, emprender acciones para la restauración de relaciones y el tomar la responsabilidad por aquel mal ocasionado. La CICIG fue fundamental en cuanto a reconocer, dentro de los procesos de investigación, la reparación de daños por parte de aquellas personas implicadas en casos de corrupción.
Medidas como la extinciión de bienes por medio de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED), el involucramiento de las comunidades afectadas y el uso de recursos en lavado de dinero o en actos de corrupción para beneficio de la población a disposición del Estado.
Tal es ejemplo del caso Construcción y Corrupción, en el que se indentificó una red compleja de la que hacían parte empresas de cartón cuyo objetivo era obtener fondos no reportados para campañas electorales y el cobro de comisiones ilegales para el enriquecimiento de funcionarios. Lo que conllevó a multas económicas, enjuciamientos, mayores controles desde entidades públicas, garantías de no repetición y reparación digna e integral.
Con aplicaciones como en el caso mencionado, vemos cómo se cumplen elementos de lo que Zehr (2010) denomina como el tratamiento de los daños y de las causas para alcanzar justicia restaurativa así como la reintegración de todas las partes a la sociedad mediante un equilibrio entre los intereses de estas (pág. 37-40).
Las investigaciones y casos en los que CICIG tuvo participación directa durante su estancia en Guatemala, fue ejemplo de inclusión a diversos actores en los procesos. Esto es otro ejemplo de prácticas restaurativas, que suman a los principios señalados en la justicia restarativa (Zehr, 2010, pág. 41). En el Caso la Línea, donde se descubrió una estructura de corrupción relacionada con aduanas y puertos que incluía a altos funcionarios de gobierno. Mediante procesos colaborativos e incluyentes, luego de las investigaciones correspondoentes, la CICIG fue exitosa en cuanto a la apertura para involucrar a todas aquellas personas que tuvieran particular interés en lo acontecido. Este caso en concreto, llevó a la renuncia de una vicepresidenta y un presidente, envueltos en un sinnumero de actos de corrupción a la luz de presión social e involucramiento, que de otra manera, sin el acompañamiento y apertura restaurativa desde CICIG no hubiese sido posible (CICIG, 2018; Zehr, 2010, pág. 41-44). No es casualidad, que el apoyo de CICIG a nivel popular llegase a alcanzar un nivel del 85% (Haering, 2019). Lo que evidencia, el fuerte involucramiento de actores a nivel social en procesos donde la justicia era el común denominador.
Al hablar de CICIG y justicia restaurativa en términos de actores e involcrados, es indispensable tener siempre en mente que los afectados, en la mayoría de casos, serían a nivel societal. Es decir, ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas que veían a su propio Estado coptado y saqueado por una red compleja de corrupción e impunidad que se traducía en retraso, pobreza, injusticia social, desigualdad, entre otros.
Centrarse en esas necesidades, comprender los efectos de la impunidad, atender las obligaciones, el involucramientro amplio de las partes como se ha ejemplificado y el referente para enmendar los daños y ofensas basados en el respeto y el debido proceso por medio del fortalecimiento al sistema de justicia y Estado de Derecho guatemalteco hicieron de CICIG, a criterio de este autor, un ejemplo de práctica restaurativa en Guatemala bajo un modelo único de acompañamiento en justicia (Zehr, 2010, pág. 40-44).
Impactos para la región y rol de la comunidad internacional
Si bien la CICIG acabó su mandato en enero de 2019 al no ser renovado por medidas unilaterales del gobierno guatemalteco del entonces presidente Jimmy Morales por motivos políticos, su éxito y modelo único en el mundo han dejado huella para la implementación y réplicas en otras latitudes de la región centroamericana.
Gracias a los resultados positivos de la CICIG en Guatemala, Honduras propuso la creación de la Comisión contra la Impunidad de Honduras (CICIH) sin tener éxito. Sin embargo, en 2016 se creó un mecanismo en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y no de la ONU, que denominaron Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); que tomó como inspiración el modelo de la Comisión anticorrupción guatemalteca (WOLA, 2019; Calvet, 2019).
En ese sentido, ha habido iniciativas por la creación de mecanismos a nivel regional y no de Estados solamente. Como el caso de las ideas desde los Estados Unidos de América, que proponían la creación de una CICIG regional, para los países del Triángulo Norte Centroamericano (TNC) (Se entiende por Triángulo Norte de Centroamérica a los países que conforman la parte norte de la región: Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos abarcan una extensión territorial de 242.4 mil km2 y en las últimas seis décadas han incrementado ostensiblemente su población, pasando de 6.8 millones en 1950 a 30.9 millones en el 2015, incrementándose en 4.5 veces (Flores, 2016. pág. 25) o un Tribunal Centroamericano contra la Corrupción. Teniendo en cuenta el carácter transnacional del crimen organizado y el hecho de que estos tres países comparten altos índices de criminalidad, violencia e impunidad, podría ser una idea a considerar por la comunidad internacional (Calvet, 2019, pág. 19).
Sin embargo, tanto la voluntad política de los Estados que componen el TNC como las élites que controlan el status quo han hecho que cada vez menos sea posible hablar de iniciativas en pro de la búsqueda de justitica, práctivas restaurativas y la lucha en contra de la impunidad (Haering, 2019).
La oportunidad de la Comisión y el rol de la comunidad internacional permitieron una mayor difusión de normas globales de Derechos Humanos en Guatemala (Benitez, 2016, pág. 148). Si bien en formas tradicionales de cooperación desde una visión neoliberal de las Relaciones Internacionales los Estados basan sus formas de asistencia técnica mediante capacitación y provisión de equipo para fortalecimiento institucional o bien, la promoción de tribunales penales especializados o temporales con fines de investigación específicos (Calvet, 2019, pág. 18).
La CICIG demostró cómo existió una forma diferente e interés desde la Comunidad Internacional y del sistema de cooperación de las Naciones Unidas en el establecimiento de nuevas formas de hacer justicia basadas en prácticas, como las restaurativas, que permitieran el respeto de las partes; pero también la suma positiva de las negociaciones en las que se veían involucrados actores de diversa índole.
Esto permitió a la CICIG mantener sus operaciones exitosas en el terreno por 12 años con financiamiento de Estados miembros del Sistema Internacional, principalmente del conocido Grupo de donantes G-13 (El Grupo de Donantes G-13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales y multilaterales, conformada por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala: Canadá, Alemania, Italia, España,Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y por los siguientes organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), la Delegación de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) (Secretaría Permanente del Grupo de Coordinación de la Cooperación – GCC – s.f), demostrando que existen incentivos desde las lógicas de cooperación que llevan a los Estados a evitar el conflicto y buscar otras vías por las que les sea posible maximizar sus ganancias y posición en el Sistema Internacional.
Reflexiones finales
Aunque mucho se ha escrito sobre el rol de la CICIG como fundamental en justicia transicional en Guatemala post acuerdos de paz, parece central reconocer su papel como actor en prácticas de justicia restaurativa. Como se ha abordado, la Comisión tuvo un importante papel en cuanto a la instauración de prácticas que iban más allá de justicia penal en Guatemala. En ese sentido, es importante retomar las palabras de Zehr (2010, pág. 14) donde establece que la justicia restaurativa es una brújula, no un mapa; no es un programa ni un proyecto específico. De manera que las experiencias de la CICIG daban cuenta del establecimiento de relaciones y mecanismos que buscaban la inclusión y colaboración de actores diversos en un esfuerzo por la búsqueda del bien común mediante la justicia.
Es importante destacar, como se ha podido observar a lo largo de este desarrollo, que los postulados y trabajo de la Comisión durante su tiempo en el país en términos de justicia restaurativa, nunca intentaron ser una panacea ni tampoco un sustituto del sistema legal ni al encarcelamiento (Zehr, 2010, pág. 15-17). Más bien, un conjunto de acciones de acompañamiento y complemento al proceso como un todo que hacían del trabajo de CICIG un modelo de imitación para el mundo.
Por último, como se ha discutido, el rol de la negociación en términos de cooperación desde la Comunidad Internacional para la creación y funcionamiento de la Comisión fue fundamental pues permitió el desarrollo de un modelo único en la región que sentó precedentes de la lucha en contra de la impunidad y la corrupción.
Lista de Referencias
Benítez, M. (2016). Guerra y posconflicto en Guatemala: búsqueda de justicia antes y después de los acuerdos de paz. Revista CS, no. 19, pp. 141-166. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n19/n19a06.pdf
Burt, J. (2017). La campaña anti-Cicig: hasta dónde llega su impacto. Plaza Pública. Recuperado de: https://www.plazapublica.com.gt/content/la-campana-anti-cicig-hasta-donde-llega-su-impacto
Calvet, E. (2019). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): dilemas tras 12 años de actuación. Documentos de trabajo, No. 6 (2ª. Época). Madrid, Fundación Carolina. Recuperado de: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/upload\s/2019/06/DT_FC_06.pdf
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Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- (2006). Acuerdo entre la organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-. Recuperado de: https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf
Flores, M. (2016). Migración del Triángulo Norte de Centroamérica a los Estados Unidos de América. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/313070492_Migracion_del_Triangulo_Norte_de_Centroamerica_a_los_Estados_Unidos_de_America
Haering, D. (2019). Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: morir de éxito. España: Real Instituto Elcano. Recuperado de: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/comision-internacional-contra-la-impunidad-en-guatemala-morir-de-exito/
Secretaría Permanente del Grupo de Coordinación de la Cooperación – GCC – (s.f). Acerca del G13. Recuperado de: http://www.g13.org.gt/content/acerca-del-g13
Washington Office on Latin America -WOLA- (2019). Los hechos: El legado de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Recuperado de: https://www.wola.org/es/analisis/los-hechos-el-legado-de-la-cicig-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-guatemala/
Zehr, H. (2010). El pequeño Libro de la Justicia Restaurativa. Good Reads.
Biografía del Autor
Mauricio Abraham Rosales Schettini es Guatemalteco. Licenciado en Relaciones Internacionales, con mención Cum Laude por la Universidad Rafael Landívar. Catedrático universitario. Posee un Diplomado en Formación Política y Ciudadana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Ha representado a Guatemala en espacios de la Organización de Naciones Unidas en Chile, Costa Rica, México, Guatemala y Nueva York.
Ha sido reconocido por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, por liderar proyectos de gestión para el desarrollo enfocados en gobernabilidad, urbanismo e incidencia.
Posee experiencia laboral en el campo de la cooperación para el desarrollo, enfocada en donantes de la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos.
De agosto de 2020 a septiembre de 2021 fue funcionario del sistema de las Naciones Unidas en Guatemala en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Actualmente, es becario del Servicio Alemán de Intercambio -DAAD- y estudiante en la Maestría de Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo en la Universidad de Naciones Unidas para la Paz, Costa Rica.