Honduras elige a la primera mujer Presidenta: ¿Qué representa para la paz y la democracia?
Autora: Edith Orestila Martínez
Traducido al Inglés por Marta Álvarez Collado
El 28 de noviembre del 2021 se celebraron elecciones generales en Honduras. El ambiente previo estuvo plagado de una creciente y preocupante violencia política en conjunto con graves discursos de odio en contra de las mujeres. A pesar de esto, la jornada se convirtió en un momento histórico en la vida democrática del país, en la cual prevaleció el ejercicio pacífico del sufragio y desembocó en la elección de Xiomara Castro como la primera mujer Presidenta del Honduras. Sin embargo, las mujeres siguen siendo minoría en los cargos de elección popular, siendo importante analizar este fenómeno desde la paz positiva y la democracia.
Reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres
El movimiento del feminismo sufragista alcanzó a las mujeres hondureñas, en donde uno de los pasos más importantes se dio con la fundación del Comité Femenino Hondureño en 1947, que tuvo como fin primordial el reconocimiento legal del voto a favor de las mujeres. Posteriormente se incorporaron otras organizaciones feministas a la incidencia política y de la cual la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras lideraron esta bandera de lucha en 1951 hasta conquistar esta consigna de derechos políticos en los años posteriores (Milla, 2001).
El 5 de enero de 1954 se reconoció el derecho a ejercer el sufragio a las mujeres hondureñas. Sin embargo, fue hasta 1955 que se ratificó este Decreto otorgando de forma restrictiva este derecho, ya que solamente podían votar las mujeres “mayores de 21 años, mayores de 18 años casadas y mayores de 18 años que supieran leer y escribir” (Eguigure, 2010). Estas restricciones son anuladas en la Constitución de Honduras de 1957, la cual reconoce como derechos de hombres y mujeres, el elegir y ser electos (as).
Este reconocimiento de jure a un derecho humano de igualdad y no discriminación, se convirtió en un elemento trascendental en la historia política del país; en donde vislumbra como un acontecimiento lejano, pero es un evento que vivieron las mujeres de hace dos generaciones. No obstante, la lucha contra el patriarcado que ha pretendido invisibilizar las necesidades y sentires de las mujeres que representan más del 52% de la población hondureña (INE, 2020) no ha cesado y se ha fortalecido a lo largo de estos años a través de las organizaciones feministas.
Enfrentar la violencia política y los discursos de odio
De acuerdo al Instituto Nacional Demócrata (2017) define la violencia política contra las mujeres de la siguiente manera:
Formas de agresión, acoso, coerción e intimidación contra las mujeres como actoras políticas simplemente por ser mujeres. Por lo cual, esta violencia refuerza las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que no deben estar presentes en una democracia, ya que estas acciones tienen como objetivo excluir a las mujeres de los espacios de toma de decisiones y perpetuar el poder de los hombres en el espacio público. (p.27)
Bajo este hilo conductor, autoras como Macias & Valdespino (2019) destacan el papel que juegan los “discursos de odio como un tipo de violencia simbólica que reproduce estereotipos, estigmas y prejuicios culturales tendiente a la desvalorización y exclusión” de las mujeres (p.2). Estas acciones no deberían mantenerse en la impunidad en Estados que han se han comprometido internacionalmente y en su derecho interno, a eliminar todo tipo de violencia contra la mujer.
Lo anterior fue notorio la reciente campaña electoral en Honduras, como lo destaca el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras (2021) en la que subraya que el discurso de odio estuvo presente en diversos sectores, involucrando a autoridades nacionales y que esta violencia simbólica estaba “dirigida principalmente contra las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, así como la Comunidad LGBTIQ+” (p.5). Cabe mencionar que estos discursos fueron abiertamente publicitados en las redes sociales y la televisión abierta del país.
Esta violencia política fortalecida desde el discurso de odio contra las mujeres ha sido especialmente dirigida contra la única mujer candidata a la presidencia. Esto se constata en una manifestación celebrada semanas antes de los comicios electorales y liderada por candidatos oficialistas; en las que aparece dibujada Xiomara Castro, “con un puñal en mano dispuesta a utilizarlo en contra de una mujer embarazada” (Estrada, 2021). Esta manifestación se denominó: “En contra del aborto y las ideologías extrañas” y con la consigna de “Si al a Vida, No a Xiomara”
La legislación electoral establece que “es prohibido utilizar expresiones que denigren u ofendan a las personas y sus candidatos, señalando la prohibición de su difusión en cualquier medio” (LEOP, 2021, art. 155 inciso 5). Esto comprueba que existe un mínimo marco regulatorio para sancionar este tipo de acciones, sin embargo no se visibiliza como un problema de violencia política fomentada por los discursos de odio. Además, en lo que va del año 2022 aún el Consejo Nacional Electoral como ente garante de los comicios electorales, no ha ejercido ninguna labor para sancionar este tipo de actuaciones.
En un contexto nacional de agravada violencia contra las mujeres, en el que “una mujer es asesinada cada 23 horas” (CONADEH, 2021), en donde rige la prohibición absoluta del aborto en la legislación (Código Penal, 2019) y en el que Honduras es el único país latinoamericano que tiene prohibida la anticoncepción de emergencia en cuanto a su uso y distribución (MSF, 2019) resulta alarmante que las campañas electorales de algunos actores se cimienten en discursos de odio. Es importante destacar que gran parte de esta denegación ilegitima de derechos sexuales y reproductivos se da por la influencia y beneficio mutuo entre los grupos anti-derechos y las autoridades nacionales.
Por otra parte hay otras formas de violencia política que enfrentan las mujeres candidatas dentro de sus propias instituciones políticas, en donde a menudo son cuestionadas sus capacidades de liderazgo, críticas y limitaciones por razones que a los hombres en las mismas situaciones no padecerían (Macías & Valdespino, 2019). Estas actuaciones se convierten en barreras que generan efectos inhibidores en la participación de las mujeres y en la elección de las mismas para optar a cargos públicos a través del voto popular.
El camino hacia una democracia paritaria
El reconocimiento de la igualdad del ejercicio del voto a hombres y mujeres hondureñas en 1955, constituye el ingreso nominal para avanzar hacia la paridad que permita que hombres y mujeres sean realmente representados en los diferentes niveles electivos, como lo sería una democracia que es capaz de integrar las perspectivas de las mujeres en la dirección de los asuntos públicos del país.
En esta misma línea, la participación de mujeres políticas está comprometida con las demandas de inclusión sustantiva que perfeccionan la dinámica democrática, permitiendo la inclusión de múltiples visiones y defensa de intereses, haciendo más inclusivas a las instituciones y a las políticas públicas (Bareiro y Soto 2015; ONU Mujeres 2012 como se citó en Freidenberg, 2019). Es decir, la integración de las mujeres fortalece las agendas y actuaciones públicas para enfrentar los distintos tipos de violencia y construir sociedades inclusivas.
Un método que ha sido diseñado para la inclusión de mujeres en las candidaturas son las denominadas cuotas de género. Sin embargo, tal como lo señala Freidenberg (2019) estas no han eliminado las resistencias partidistas, las barreras políticas, económicas y sociales que enfrentan las mujeres que quieren ejercer el poder público. Por lo tanto, hay que entender a las cuotas de género como acciones afirmativas que deben ser temporales, pero no constituyen en sí mismas la solución a un problema que tiene raíces profundas en una sociedad patriarcal.
En el año 2000 para lograr la participación efectiva de la mujer, Honduras estableció la base mínima del 30% para aplicar a cargos de elección popular a través de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2000), luego en el año 2012 mediante reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas se incrementa la cuota electoral del 30% al 40% y posteriormente para el año 2016 se establece el principio de paridad en el cual las nóminas de cargos de dirección de partidos políticos y cargos de elección popular deben estar integrados por 50% mujeres y 50% hombres (Decreto 54-2012).
Luego de más de 18 años implementando medidas afirmativas y contemplando el período de 1980–2021 se han elegido 204 mujeres en contraste con 1,164 hombres para el Congreso Nacional (Freidenberg 2019; CNE 2021). Es de resaltar que para el próximo período legislativo 2022–2026, las mujeres representan el 27.3%, lo que significa que volverán a ser minoría. Adicionalmente, en la integración de Alcaldías Municipales se destaca que 850 mujeres fueron inscritas por movimientos y partidos políticos, pero solamente 16 mujeres resultaron electas, quedando el 95% de las municipalidades en manos de 282 hombres (CNE, 2021).
Estos datos demuestran como las medidas relacionadas a las cuotas de género son poco efectivas y no representan una solución práctica para aumentar la elección de mujeres en los diferentes cargos electorales. Es decir, aunque estas medidas de acción afirmativa son importantes, en la realidad son insuficientes si estas no son reforzadas en las elecciones generales y, si se desconocen y no se abordan las debilidades institucionales que limita la elección de mujeres.
De acuerdo a Freidenberg (2019) hay tres razones institucionales que promueven está debilidad: 1) la exigencia de la paridad solamente en el registro de las candidaturas internas, 2) no se establece como mandato la alternancia en cremallera (un sexo, otro sexo) y 3) que se emplee el voto preferencial. Además esta autora señala que las mujeres hondureñas están empoderadas y participan en política pero no electas para representar cargos de elección popular (Freidenberg, 2019, p. 4).
En este sentido, el ejercicio y goce de los derechos políticos y de la ciudadanía no puede ni debe analizarse separadamente de la noción de democracia. Sobre esto, algunos autores manifiestan que:
“Siendo regla de la democracia la distribución y reconocimiento de poderes, recursos y oportunidades para todos los seres humanos, su principal reto es la inclusión de todos los intereses sociales en los procesos de toma de decisión política, reconociendo su pluralidad, diversidad y autonomía”. (Soto, 2009 como se citó en Torres, 2017, p. 51).
Por tanto es necesario replantear las formas en cómo se dan las relaciones democráticas. Reconociendo que las mujeres juegan papel trascendental en el fortalecimiento de la democracia, ya que están activamente participando en procesos comunitarios, apoyando al sistema político, confían en los partidos políticos, asisten a reuniones de organizaciones partidista y votan (PNUD, 2018). En definitiva están presentes y activas en las instituciones políticas.
Derechos políticos de las mujeres y la paz positiva
Al pensar la paz, se suele invocar la percepción de ausencia de guerra; convirtiendo este concepto en una noción de paz negativa (Galtung, 1969). Sin embargo, esta paz negativa no debería centrarse únicamente en una violencia directa o visible, sino que requiere analizar los cimientos estructurales y culturales que la cimientan (Galtung, 1992 como se citó en Lederach, 2000). Este es el primer elemento a tener en cuenta al referirse a la paz negativa.
La definición de estas violencias las detalla este mismo autor, al referirse que la violencia cultural es la suma de todos los mitos, glorias, traumas y demás que sirven para justificar la violencia directa. En cambio, la violencia directa se representa de forma física y/o verbal, siendo visible en forma de conductas. Por último, la violencia estructural es la suma de todos los choques incrustados en las estructuras sociales y mundiales, solidificados y cementados de tal forma que los resultados injustos y desiguales, son casi inmutables (Galtung, 1999, p.16).
Para comprender estos conceptos en su figura más práctica, se desarrolla de manera gráfica el triángulo de la violencia desarrollado por este autor. En él, se muestran algunas de las causas estructurales y culturales sobre las que se fortalece la violencia directa que desemboca en la vulneración de los derechos políticos de las mujeres.
Desde las causas y consecuencias antes descritas, es posible deducir la convergencia de factores que interrelacionados hacen visibles diversas formas de violencia contra las mujeres que ejercen sus derechos políticos. Por tanto, solventar la escasa elección de mujeres en cargos públicos, así como abordar la violencia política en contra de ellas, requiere soluciones integrales que atiendan las diversas causas identificadas.
Adicionalmente, es pertinente reflejar el arduo camino que ha enfrentado Xiomara Castro para llegar a la Presidencia del país, así como las diputadas y alcaldesas electas. Es decir, aunque las mujeres hondureñas se vean reflejadas en la figura de la presidenta electa como un evento que sucede por primera vez en la historia, las violencias en contra de sus derechos siguen vigente, así como restando y vulnerando los espacios políticos a las mismas. En resumen, el triunfo de la Presidencia del país por una mujer, no debe asumirse como el derrocamiento de un patriarcado estructural y culturalmente aceptado.
Por tanto es necesario repensar las formas en cómo se ha buscado la representatividad de las mujeres en el ámbito público. Sobre esto, es necesario integrar una perspectiva de paz y especialmente de paz positiva, que va más allá de centrarse en la violencia directa y estructural como características de paz negativa. Galtung (1969) define la paz positiva como:
(…) la presencia de un tipo de cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva entre unidades, naciones o personas que no tienen que ser necesariamente similares. (p.190)
En cambio para Leederach (2000) la paz es un concepto inseparable de justicia en todos los niveles: internacional, social e interpersonal. Además, agrega que la paz no se sitúa solo en relación con la guerra armada, porque hay muchas formas de guerra como la cultural, política, económica o social. En definitiva, las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que se reflejan en los procesos electorales y demás espacios de la esfera pública, constituyen en sí misma una violencia que no permite avanzar hacia una paz positiva y duradera.
Adicionalmente para el autor Adam Curle (1974) la paz positiva se basa en relaciones pacíficas que se rigen por un nivel reducido de violencia y un alto nivel de justicia. Esta definición presenta algunas similitudes con el concepto referido por Leederach, en donde la justicia juega un papel primordial en la construcción y consolidación de sociedades pacíficas.
A partir de estas diferentes concepciones de paz positiva, se puede deducir que estos autores coinciden tiene elementos basados en las relaciones equitativas, carentes de explotación y un alto grado de justicia. Por consecuencia, en Honduras hace falta derribar esas violencias que impactan en la vida política de las mujeres. Al mismo tiempo, incidir por relaciones equitativas para luego convertirse en igualitarias, así como la prevalencia de justicia en todas sus formas.
Finalmente, es preciso enfatizar que incidir por la garantía de los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva de paz, implica también el fortalecimiento de la democracia y sociedades justas y pacíficas. Por cuanto incluir activamente a las mujeres es más que una deuda histórica, representa la piedra angular sobre la cual las relaciones humanas se concretan en armonía con los derechos humanos y la paz duradera.
Conclusiones
El principio de igualdad y no discriminación debe ser imperante en las sociedades democráticas y pacíficas, es aras de garantizar la ausencia de barreras visibles e invisibles que inhiben la participación de las mujeres en los cargos de elección popular.
Sin embargo, las mujeres que participan en procesos electorales, son cotidianamente sobrevivientes de violencia política y discursos de odio que prevalecen en impunidad debido a la legitimación de la sociedad y la débil institucionalidad que no garantiza el derecho a una vida libre de violencia. Estas acciones, tienen graves efectos inhibidores en la participación política de las mujeres, desembocando en que el espacio público siga perteneciendo a los hombres, favoreciendo las relaciones desiguales de poder.
Xiomara Castro se convierte en la primera mujer Presidenta del país, sin embargo las candidatas electas para el poder legislativo y los gobiernos locales siguen siendo una alarmante minoría. En tal sentido, este triunfo en el poder ejecutivo no debe invisibilizar la alarmante minoría que representan las mujeres en estos cargos públicos. Por tanto, muestran como las cuotas de género aún no solucionan un problema que requiere analizarse desde raíces más profundas y perspectivas diferentes.
Por último, es necesario integrar nuevos enfoques como los estudios de paz para analizar esas bases que suelen estar invisibles, pero que sostienen la violencia directa contra los derechos políticos de las mujeres. Al mismo tiempo se debe incorporar las nociones de paz positiva para abordar esta problemática, enunciando la prevalencia de la justicia y la inexistencia de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Estas acciones son los inicios del camino hacia la paz duradera y una sólida democracia.
Lista de Referencias
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Biografía de la autora
Edith Orestila Martínez es abogada hondureña y becaria del DAAD Centroamérica, con Maestría en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo y postgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad para la Paz en Costa Rica. Con experiencias profesionales en el Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional en Alemania, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Costa Rica y Coordinación de Proyectos de Desarrollo en Honduras.
