Democracia y participación en el proceso de paz colombiano: una oportunidad a la paz postliberal
Autor: Mauricio Abraham Rosales Schettini
El conflicto armado colombiano fue de los más prolongados y tardíos en llegar a una fase de negociación entre las partes para ponerle fin. Con más de 50 años de historia, este conflicto atravesó momentos importantes y decisivos que fueron moldeando las características de adaptabilidad y de llegar al momento de un cese al fuego.
Aunque la paz parece ser una realidad en el mediano plazo para el pueblo colombiano, es importante tener una mirada crítica a esa idea de paz, así como un proceso que se ha moldeado desde la década de los años 1990 por la injerencia e influencia de actores internacionales.
Dichas iniciativas, así como las dinámicas internas entre los grupos guerrilleros, el gobierno y fuerzas paramilitares, concebían el fin del conflicto desde una visión securitizadora y apegada al plan de Democracia liberal dirigido desde la élite burocrática tanto local como internacional.
En 2012 el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) sostuvieron los llamados encuentros exploratorios, con el propósito de poner fin al conflicto armado nacional. A partir de los diálogos exploratorios y en adelante, el Acuerdo General para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera marcaba la agenda de las conversaciones entre las partes que ocurrieron en La Habana (Cuba). Tras cuatro años de negociaciones, finalmente en agosto de 2016 las partes suscribieron el Acuerdo Final (Puello-Socarrás, 2019. págs. 289-290)
El diseño de este acuerdo, contempla seis puntos fundamentales: 1) la Reforma Rural Integral; 2) participación política y apertura democrática; 3) el fin del conflicto armado; 4) solución al problema de las drogas; 5) acuerdo sobre las víctimas del conflicto; 6) principios generales para la implementación del Acuerdo Final (Ríos, 2017, pág. 594).
Complementario a los “puntos”, el Acuerdo Final se estructura en forma sistémica e integral a partir de los enfoques transversales (género, étnico, territorial) y enmarcado implícitamente en una perspectiva de Derechos humanos en un sentido amplio (Puello-Socarrás, 2019. pág. 292).
El presente artículo plantea la necesidad de analizar el pilar número 2 del Acuerdo Final, sobre participación y democracia a la luz de las críticas a la paz liberal desde la teoría de la resolución de conflictos, su interrelación con nuevos modelos de inclusividad y propuestas para el mejoramiento de los planes que actualmente se realizan.
Rol de las Naciones Unidas
Cuando se ven los procesos históricos por los que ha atravesado el Conflicto colombiano, es indispensable hablar del rol que han tenido actores internacionales para contribuir a la construcción de paz. En ese sentido, es importante mencionar la alta participación de las Naciones Unidas en los intentos para resolver el conflicto. Desde los buenos oficios, que fracasaron y fueron terminados por el Secretario General de la organización en 2005, hasta el desarrollo de dos Misiones de Verificación en Colombia, aprobadas luego de 2016, bajo la idea de apoyos desde la institucionalidad internacional que pudiera ayudar a encontrar las salidas a la gran conflictividad.
Resulta importante plantear el rol del proyecto internacional más exitoso del multilateralismo, diplomacia y de liberalismo institucional en un contexto tan colvulso como el de Colombia. Su legitimidad en el conflicto, especialmente en las 2 Misiones Políticas de Verificación se han visto inmersas en la unanimidad de todos los Estados Miembro del Consejo de Seguridad por mantener presencia en el terreno. Dicha legitimidad -pero también poder-, junto con la autonomía de las Misiones, han hecho de ellas un proyecto eficiente y han tenido un impacto positivo en la esfera pública, ganándo confianza y presencia territorial a lo largo de la República (Nijmeijer, 2019, págs. 402-406).
Pero, ¿no es acaso esta presencia una imposición de paz desde arriba? Es decir, desde la burocracia internacional, con ideas que evidencian la asimetría de poder en el Sistema Internacional de aquellos que conservan mejores posiciones que otros Estados. Los resultados de las Misiones I y II de las Naciones Unidas, han demostrado haber intentado -al menos- superar errores aprendidos del pasado en intervenciones similares. De manera que, de acuerdo con Rambsothan et al. (2011) se han logrado equilibrios para empoderar a la gente en las comunidades afectadas para la reconstrucción así como el establecimiento de conexiones basado en la producción de generar un cambio social noviolento (págs. 347-348).
La Misión II, ha sido la encargada de hacer importantes pronunciamientos críticos sobre una diversidad de temas cruciales para la paz. Se ha pronunciado para verter recomendaciones, pero también para denunciar violaciones a Derechos Humanos y para asegurar el estricto respeto a la certeza jurídica de los procesos de construcción de paz. Hoy por hoy, Naciones Unidas es la organización con mayor presencia territorial en Colombia, lo que lo convierte en un aliado para las comunidades y sociedad civil (Nimeijer, 2019, pág. 407; Ríos, 2017).
El papel de las Naciones Unidas, como hemos visto, se ha intentado consolidar desde el empoderamiento de lo comunitario, de las bases sociales. De lo que Lederach (citado en Ramsbothan et al, 2011, pág. 348) llamaría el empoderamiento autóctono. Uno donde la construcción de la paz fuese desde abajo, de la liberación de las comunidades de la opresión y de la violencia hacia el cultivo de culturas y estructuras de paz.
En el 2018, la Misión II realizó un importante pronunciamiento hizo un llamado a preservar la seguridad jurídica para la reincorporación de todas las personas a la vida en paz en Colombia. Esta decisión, fue respaldada por una serie de actores locales y con legitimidad de actores internacionales, que apoyan las decisiones que surgan como producto del seguimiento a los cumplimientos del Acuerdo Final (Nimeijer, 2019, pág. 406).
Esta acción, confirma la virtud de las Naciones Unidas de su confianza en la institucionalidad, una lógica neoliberal de confiar en los incentivos institucionales que permita seguridad jurídica y la normatividad de un futuro mejor basado en los acuerdos (Richmond, 2011).
Este elemento, plantea sobre la discusión la existencia de un modelo híbrido o vía media como lo detalla Richmond (2011). Donde un actor netamente liberal de las Relaciones Internacionales, basado en la fe en las instituciones y la liberalidad del sistema, combina prácticas complementarias relacionadas con lo local y la libre determinación, el empoderamiento de las bases y las necesidades de un Estado de Derecho; que para el caso concreto colombiano, coadyuba a la persecución común de la agencia, la democracia, los Derechos Humanos y la paz (pá. 39).
Es evidente, por sus características de acompañamiento, verificación y apoyo que las Naciones Unidas se ha constituido como facilitador y no directivo de los procesos de paz (Campbell, 2011).
El papel de la Democracia
Como se ha desarrollado hasta ahora, el papel de la democracia en la ruta de paz del Acuerdo Final es indispensable para llegar al escenario planteado del largo plazo en esa construcción de paz. Sin embargo, es crucial aclarar que, en términos de Richmond (2011) hablamos de una democracia liberal. Es decir, basada en esos valores y principios de la fe en la institucionalidad, la vida en general y el Estado-Nación (págs. 27-30). Es evidente, que el acuerdo final supone la búsqueda de la paz a través de ese modelo de democracia occidental, el proyecto de alta participación ciudadana, construcción de Estado de Derecho y la liberalización de mercados.
La mirada del Acuerdo Final, busca poner en base las mejores prácticas internacionales en materia democrática. Con esto, existe una mirada al contexto de regímenes internacionales -occidentales- que han vendido exitosamente el modelo democrático, lo que contribuye al fortalecimiento de la paz liberal por medio de la inclusión de actores externos y la búsqueda de valores importados de fuera (Gobierno de Colombia, 2016, pág. 37; Richmond, 2011, pág. 29; Campbell, 2011, pág. 90).
En ese sentido, el Acuerdo contempla la aprobación/constitución de normativas y leyes com parte de esos incentivos institucionales para alcanzar la paz -nuevamente en términos occidentales- por medio de asegurar la participación ciudadana, el sistema electoral y el rol de la adinistración pública (Gobierno de Colombia, 2016, pág. 37). Evidentemente, acá existe una aspiración democrática liberal que se satisface en las instituciones del Estado y no contempla el rol de la agencia y lo local en lo más cotidiano y la libre determinación (Richmond, 2011, pág. 28).
En ese orden de ideas, es importante poner sobre esta discusión el rol de los partidos políticos que, dentro de las aspiraciones de las partes del conflicto, perfilan a estos como instituciones liberales por medio de las cuales es posible llegar el poder en un contexto de paz y plena democracia. Nuevamente, los críticos de la paz liberal considerarían un intento más por la centralidad del poder en una lógica Estato-céntrica, bajo la parajoda del Estado-Nación, la soberanía y el territorio. Un intento por la politización en torno a la cotidianidad y la imposición de modelos donde los menos beneficiados son los locales (Richmond, 2011, pág. 18; Rambsbotham et al, 2011).
De esa cuenta, debido al contexto de más de cinco décadas de conflicto, existe una gran tendencia a la securitización de la democracia. No solamente es una idea de importanción occidental, sino que además, con sus matices ha encontrado un objeto referente a su vinculación con la seguridad, el control de las armas y la incursión de actividades ilícitas (Gobierno de Colombia, 2016, pág. 38; Ríos, 2017, pág 603).
Richmond (2011) aludiría al uso de la coerción por medio de aquellos agentes liberales que temen por el fracaso de su ambiciones, o la llamada “ansiedad colonial” (pág. 21). Esto es, un uso de la fuerza sin fundamento que perpetúa prácticas que, al caso en cuestión, han estado asociadas a esas renuencias de democracia y que buscan permear en un modelo a futuro.
Sin embargo, dentro de los elementos del componente de democracia del Acuerdo Final, parece importante destacar la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas por el conflicto de manera que sus habitantes puedan elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, Representantes a la Cámara. A estas circunscripciones no podrán postular candidatos los partidos con representación en el Congreso, sino grupos significativos de ciudadanos y organizaciones sociales delterritorio, tales como mujeres, víctimas, campesinos y minorías étnicas (Gobierno de Colombia, 2016, pág. 37).
Dichas Circunscripciones, dan luces y esperanza hacia el establecimiento de prácticas integradoras de un modelo híbrido, donde se combinan los elementos institucionales pero también la inclusión de una visión amplia y de empoderamiento hacia las bases, o desde abajo, como lo definiría Lederach (citado en Rambsbothan et al, 2011, pág. 348). Un esfuerzo por lo que Richmond (2011) definiría como los esfuerzos de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos para conectar a lo cotidiano con el marco institucional (pág. 22).
Este elemento positivo es, además, un ejemplo de vía alterna que permite acercar a aquellas comunidades locales víctimas del conflicto con ese contrato social que busca emancipar y autonomar lo local desde prácticas que puedan restaurar esas relaciones de lo micro a lo macro (Campbell, 2011).
Reflexiones finales
Si bien los procesos de paz en Colombia han conllevado, después de tanto tiempo, al establecimiento de prácticas con mucha esperanza y seguimiento a nivel mundial en materia de resolución de conflictos, es importante mantener abierta la mirada crítica y constructiva de cara al futuro.
En el componente de democracia y participación ciudadana que se ha abordado en este artículo, es importante recalcar la necesidad de girar la mirada hacia un verdadero sistema político que garantice participación plena y genuina; adecuado a las particularidades del caso colombiano y no basado en una receta universal que pueda desembocar en el fracaso de práctivas innovadoras e integradoras de una sociedad quebrada, polarizada y víctima de actos atroces producto de la violencia sistemática.
En ese sentido, es indispensable aprovechar los recursos y ayuda de actores internacioanles para el fortalecimiento de capacidades y el involucramiento de actores locales. Esto es, una veradera transformación del paradigma de intervencionismo que gire la propuesta a dar el verdadero protagonismo a lo local, a la agencia, a ese espacio de emancipación y autodeterminación capaz de transformar su cotidianidad a positiva. El hacerlo, permitirá la construcción de paz dirigida por los locales, con el apoyo entero de lo organismos internacionales donde la resistencia no será posible.
El empoderar a estas comunidades, redefinir el rol de los actores internacionales y dirigir la mirada hacia un trabajo directo con las bases hará de la labor democrática y participativa en asistir, negociar y redescubrir lo local sin patrones coloniales ni racistas desde esa burocracia internacional.
Por otro lado, es impresindible no securitizar la idea y conceptos para la construcción de paz. Para la verdadera existencia de una vía media, con plena participación y autodeterminación, es necesario dejar de lado todas las concepciones erróneas sobre la construcción de paz desde la seguridad humana que entorpecen el desarrollo y centrar la mirada en el peno goce de Derechos Humanos y reparaciones para un avance hacia lo no-territorial y no-soberano de la paz.
Empero la necesidad de ver a la democracia más que solo un vehículo para permear en el poder y el andamiaje institucional estatal. Es necesario construir desde abajo procesos de plena participación en Colombia, donde exista confianza entre actores y que vaya mucho más allá de las recetas liberales de democracia occidental en un país con contexto particular.
Un empoderamiento de lo local, desde todos los frentes, así como el reconocimeinto de las necesidades de la población en su espacio y autonomía pueden hacer del Gobierno colombiano un aliado fundamental para alcanzar esos acuerdos de paz sostenible que involucren una unidad genuina; una paz que venga desde abajo y con prácticas integrativas con dirección y determinación.
Lista de Referencias
Campbell, S. (2011). Routine Learning? How Peacebuilding Organisations Prevent Liberal Peace. En Susana Campbell, David Chandler, Mira Sabaratnam (Eds.). The problems and practices of peacebuilding (1a. ed., págs. 89-105). Zed Books Ltd.
Gobierno de Colombia. (2016). ABC del acuerdo final, cartilla pedagógica. Recuperado de: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf
Nijmeijer, T. (2019). Problemas y perspectivas del componente internacional frente a un escenario de incumplimiento. En Jairo Estrada (Ed.). El acuerdo de paz en Colombia: entre la perfidia y la potencia transformadora (1ª ed., págs. 395-419). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Puello-Socarrás, J. (2019). ¿Gobernanza y nueva gestión pública para la paz? Reflexiones sobre ajustes institucionales e implementación en el Acuerdo Final. En Jairo Estrada (Ed.). El acuerdo de paz en Colombia: entre la perfidia y la potencia transformadora (1ª ed., págs. 289-312). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Rambsbothan, O., Woodhouse, T., Miall, H. (2011). Resolución de conflictos, la prevención, gestión y transformación de conflictos letales. Institut Catalá Internacional per la Pau.
Richmond, O. (2015). Resistencia y paz postliberal. Relaciones Internacionales, 1(16), 13-46. Recuperado de: https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/506
Ríos, J. (2017). El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta. Revista iberoamericana de filosofía, política y humanidades, 19(38), 593-618. Recuperado de: https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/4020
Biografía del autor
Mauricio Abraham Rosales Schettini es Guatemalteco. Licenciado en Relaciones Internacionales, con mención Cum Laude por la Universidad Rafael Landívar. Catedrático universitario. P
Posee un Diplomado en Formación Política y Ciudadana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Ha representado a Guatemala en espacios de la Organización de Naciones Unidas en Chile, Costa Rica, México, Guatemala y Nueva York.
Ha sido reconocido por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, por liderar proyectos de gestión para el desarrollo enfocados en gobernabilidad, urbanismo e incidencia.
Posee experiencia laboral en el campo de la cooperación para el desarrollo, enfocada en donantes de la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos.
De agosto de 2020 a septiembre de 2021 fue funcionario del sistema de las Naciones Unidas en Guatemala en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Actualmente, es becario del Servicio Alemán de Intercambio -DAAD- y estudiante en la Maestría de Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo en la Universidad de Naciones Unidas para la Paz, Costa Rica.
